El Gobierno regional llevará al Parlamento la nueva Ley de Vivienda a finales de año. El texto que se puede consultar en el portal de transparencia del ejecutivo se marca como objetivo hacer realidad el artículo 47 de la Constitución en el que se recoge el derecho de todos los españoles a una vivienda digna. La vivienda es una necesidad vital, ha dicho en su presentación la consejera de Políticas Sociales Ana Belén Álvarez, que posibilita tener una vida digna a las personas.
El ante proyecto de ley pivota sobre cinco grandes actuaciones: facilitar el acceso a la vivienda, regular la construcción y la calidad de las nuevas viviendas, favorecer la transparencia del mercado, regular la rehabilitación y regeneración de zonas urbanas y dotar de mecanismos al Gobierno para luchar contra el fraude.
De esta manera y si la ley sale adelante en el Parlamento, se fomentará la movilización del parque de viviendas deshabitadas en manos de grandes tenedores o entidades financieras. Para que una vivienda sea puesta en el mercado, deberá llevar al menos dos años vacía. Con este objetivo, la ley establece la obligatoriedad de elaborar un registro de viviendas vacías.
El futuro texto, también permitirá a los propietarios de viviendas su rehabilitación y renovación urbana desligándose de los planes generales de urbanismo. Se trata de evitar que un PGOU evite o dificulte la reordenación o rehabilitación de una zona de la ciudad.
El Ejecutivo tendrá también la obligación de redactar un plan plurianual, con cinco años de vigencia, para la rehabilitación de viviendas públicas. Viviendas de titularidad pública que con la nueva ley serán siempre públicas no pasando en ningún caso a ser propiedad de sus moradores.
Otro objetivo marcado por el Gobierno Regional con esta futura ley es seguir aumentando el parque de viviendas de titularidad pública. En estos momentos el Gobierno dispone de 386 viviendas tras haber puesto en el mercado en estos últimos 20 meses, 113 inmuebles nuevos. Una cartera que según la titular de Políticas Sociales sigue siendo escaso.
La ley permitirá asimismo al Gobierno controlar el mercado del alquiler libre obligando a los propietarios de las viviendas alquiladas a registrar los contratos de arrendamiento y depositar el importe de las fianzas en manos del ejecutivo.