El acusado de retener, herir y extorsionar a otro hombre con el que había tenido negocios en común en el pasado ha reconocido los hechos y se ha conformado con una condena de dos años de prisión, multa de 290 euros y prohibición de comunicar y acercarse a la víctima durante ocho años.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria tenía previsto celebrar hoy el juicio, pero al inicio del mismo la fiscalía y la defensa del acusado han llegado a un acuerdo.

El tribunal dictará una sentencia de conformidad en los términos del acuerdo alcanzado, en el que se ha tenido en cuenta que el acusado ha abonado antes del juicio una indemnización de 5.500 euros en concepto de responsabilidad civil.

El acusado ha reconocido que, de común acuerdo con otras dos personas que no han sido identificadas, trató de “obligar” a otro hombre con el que tenía “desavenencias” a que “cediese el contrato que tenía suscrito” con una empresa encargada de realizar servicios de transporte a Solvay.

Como ese fin, el día de los hechos, acaecidos en febrero de 2021, el acusado interceptó el paso con su vehículo a la víctima, que a su vez conducía su propio coche.

Al tiempo, otro turismo, ocupado por los dos participantes desconocidos, se situó detrás del coche de aquél para impedir que diese marcha atrás.

Acto seguido, el acusado y sus acompañantes, estos últimos encapuchados, se bajaron de los coches y obligaron al hombre a salir de su vehículo, golpeándole en la cabeza con la culata de una pistola, al tiempo que le amarraron las manos por la espalda con unas bridas, le introdujeron por la fuerza en el coche del acusado y le trasladaron al garaje de este.

Una vez allí, la víctima permaneció sentada en una banqueta y “le golpearon de nuevo con la pistola”, mientras el acusado “le retorcía los brazos, le encañonaba con el arma en la boca” y le decía que “esto se arregla” si dejaba el trabajo de Solvay y se lo pasaba a él, al tiempo que añadía: “Yo iré a la cárcel, pero a ti y a tu familia os va a costar la vida”.

El acusado pronunció “otras expresiones intimidatorias semejantes”, logrando así que el perjudicado remitiese un mensaje de correo electrónico al responsable de la contrata de Solvay en el que le decía que cesaba en su actividad y que a partir de ese mismo día prestaría servicio la empresa del acusado.

Los responsables de la contrata, “extrañados por la situación, constataron inmediatamente lo que había ocurrido, no permitiendo al acusado la realización de ningún servicio de transporte”.

El acusado continuó insistiendo en su propósito con mensajes intimidatorios, y un día después la Guardia Civil montó un dispositivo de vigilancia gracias al cual se constató que estaba merodeando por los alrededores del domicilio de la víctima y también en Mercasantander, donde se encontraba estacionado su camión.

Por estos hechos, el acusado permaneció en prisión provisional durante un mes y, tras su puesta en libertad, se le impuso una medida cautelar de prohibición de acercamiento y comunicación con el perjudicado.

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Ahora, el ministerio fiscal, con el acuerdo de la defensa, solicita al tribunal que sea condenado como autor de un delito de detención ilegal, de otro de extorsión y de un delito leve de lesiones, con la concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada de reparación del daño.

La pena pedida por la fiscalía, que ha aceptado el acusado, es de un año y dos meses de prisión por el primero de los delitos, diez meses por el segundo y una multa de 290 euros por el tercero de ellos. Además, se le impone el alejamiento y la prohibición de comunicar con la víctima durante un periodo de ocho años.