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Comienza el juicio contra los propietarios de Ecomasa-Néstor Martin

El proyecto empresarial de Andrés de León y Jesús Lavín se tragó 18 millones de euros públicos. Están acusados de administración desleal y falsedad contable

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Cope-E. Press

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 08:15

El juzgado de lo penal número 1 de Santander acoge desde este lunes el juicio contra los dueños de Ecomasa-Néstor Martin, Andrés de León y Jesús Lavín, por presuntos delitos de falsedad contable y administración desleal al frente de esta empresa. La Fiscalía pide para cada uno de ellos cuatro años y medio de prisión, 8.100 euros de multa y una indemnización conjunta de 3,2 millones de euros.

Sodercan y el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) también se han personado como acuación particular y piden la misma pena mientras que el comité de empresa solicita una condena de siete años de prisión y 10.800 euros de multa para cada uno de los enjuiciados.

De esta manera, Lavín y De León volverán a sentarse en el banquillo de los acusados, esta vez en la vía penal, como presuntos autores de los citados delitos en esta sociedad, que recolocó a 88 trabajadores de Teka en la fallida fábrica de estufas del polígono de La Cerrada, en Maliaño, y recibió 18 millones de dinero público en financiación y avales, el grueso en la legislatura 2011-2015. La empresa contó también con una financiación extra de 3 millones de euros que procedía de las indemnizaciones que habían recibido todos los trabajadores despedidos de Teka.

El proyecto nunca cuajó y fue recibiendo durante varios años dinero público para mantener el empleo con el apoyo mayoritario del ejecutivo y de todos los grupos del parlamento.

La causa llega a los juzgados de lo Penal después de que en junio de 2020 el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander acordara la apertura de juicio oral e impusiera a los administradores de Ecomasa World Investment (EWI) una fianza de 4,26 millones de euros para cubrir las posibles indemnizaciones a las que tuvieran que hacer frente.

Los trabajadores de la fallida empresa de estufas de La Cerrada fueron quienes iniciaron la vía penal contra los dueños de EWI para intentar recuperar, sin conseguirlo, los tres millones de euros de sus indemnizaciones por despido de Teka.

Al procedimiento penal se sumó más tarde el Gobierno de Cantabria, a través de Sodercan y el ICAF.

El Juzgado de lo Mercantil declaró en concurso voluntario a EWI en septiembre de 2015, y un mes más tarde Sodercan interpuso denuncia ante la Fiscalía. Dicho juzgado declaró culpable el concurso en abril de 2019 por retraso en la solicitud del mismo e inhabilitó a De León y Lavín.

En noviembre de 2020, la Audiencia de Cantabria confirmó el concurso culpable de Ecomasa y la inhabilitación de los tres responsables de la empresa (además de Lavín y De León el también administrador Antonio Hernández Molina). Sin embargo, estimó una de las pretensiones de De León por la declaración culpable y le eximió del pago de una indemnización de 39.658 euros por daños y perjuicios.

Acusaciones

Lavín y De León están acusados de causar un perjuicio económico a la sociedad Ecomasa World Investment (EWI) y, por ende, a Sodercan en su condición de socia.

En su calidad de administradores de la mercantil, en el año 2014 realizaron una serie de operaciones que supusieron un "importante perjuicio" para la entidad, tal y como describió la instructora de la causa cuando dio por terminada la investigación y encontró indicios delictivos en la actuación de los dos acusados.

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El juicio se desarrollará en dos sesiones, una hoy y otra mañana, ambas a partir de las 9.00 horas.


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