La Dirección General de Vivienda ha adquirido 37 viviendas pertenecientes a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) para destinarlas a alquiler social.

La operación supone una inversión pública de 3,2 millones de euros y permitirá ampliar el parque público de vivienda.

Estas 37 viviendas ya estaban cedidas al Ejecutivo cántabro por la SAREB desde el año 2016 y, tras la compra ejercida hoy, pasan a ser de titularidad pública. Se encuentran repartidas en 13 municipios de Cantabria: 14 en Santander, 5 en Piélagos, 4 en Torrelavega, 3 en Ampuero, 2 en El Astillero, y 2 en Santa María de Cayón.

El resto se encuentran localizadas en Camargo, Cartes, Bárcena de Cicero, Laredo, Ribamontán al Mar, Santa Cruz de Bezana y Santoña.

Todas ellas están arrendadas a familias en situación de vulnerabilidad, con un contrato de alquiler social cuyo importe se establece según los ingresos de cada unidad familiar, no pudiendo superar la cuantía de la renta de un 30% de sus ingresos.

“Para esta Consejería es una prioridad, y un compromiso que hicimos al comienzo de la legislatura, garantizar que la población más vulnerable tenga acceso a una vivienda, y esta adquisición va a permitir dotar al Ejecutivo regional de los recursos necesarios para que un mayor número de familias puedan disfrutar de este derecho”, ha manifestado la consejera Ana Belén Álvarez.

Con esta operación, que cuenta con una subvención del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de 919.344 euros –el 29% del coste total-, el parque público de vivienda de Cantabria se eleva hasta las 349 viviendas, un 24% más que a principios de legislatura.

“Cantabria cuenta con uno de los parques públicos de vivienda más bajos de España y el Gobierno debe de hacer un gran esfuerzo para ponerse al día, aumentarlo y poder dar respuesta a la demanda de familias que, por sus circunstancias, no pueden acceder al mercado privado”, ha señalado.