El 'Mapa de Recursos de Atención a la Dependencia. Estimación de necesidades hasta 2027', elaborado para planificar los servicios de dependencia y presentado por el Gobierno de Cantabria apunta a un descenso general de la población cántabra en ese horizonte, de unas 30.000 personas, al tiempo que el número de ciudadanos vulnerables -mayores y dependientes- crecerá hasta alcanzar los 22.000, de los que la mitad tendrán más de 80 años.

Teniendo en cuenta estos datos, y que la proporción de los niveles y grados de dependencia serán entonces similares a los de ahora, la administración regional contempla dos hipótesis de trabajo en su estudio: una "más moderada" y "menos ambiciosa" para procurar índices de cobertura a la dependencia de media parecidos en todas las áreas y otra para ofrecer un servicio "óptimo" y aproximarse a la "excelencia" en la prestación de estos servicios, que según la Organización Mundial de la Salud se alcanza cuando se ofrecen cinco plazas por cada cien personas mayores.

Bajo ambas premisas, y debido a que en la última década en las residencias cántabras se han creado 1.500 plazas, la Consejería estima que se generarán del orden de 400 anuales en los próximos ejercicios.

Tras la pandemia, desde el Gobierno Regional se apunta un cambio en la tendencia y se espera un incremento "espectacular" de las peticiones de ayuda domiciliaria y de teleasistencia. El primero de ellos con un coste muy elevado para las arcas de cualquier institución.

Desde el Ejecutivo se apuesta por no considerar el desembolso en servicios sociales un gasto, sino una inversión y se pone como ejemplo el empleo que genera: en Cantabria más de seis mil personas contratadas y cotizando a la Seguridad Social en el sector sociosanitario, con una media de 60 trabajos por cada cien usuarios.

En cualquier caso, el Gobierno de Cantabria deberá invertir 30 millones de euros en los próximos años para hacer frente a este incremento de la demanda.