El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín (PSOE), ha acusado a Coalición Canaria de gestionar el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) "como un ventorrillo" y dejar "un desbarajuste" de irregularidades durante los años en los que los nacionalistas estuvieron en el gobierno insular.

Entre esas irregularidades, Martín ha relatado en COPE Canarias el asombroso caso de una perrera que se ubica en terrenos del ITER si ningún tipo de legalidad. "Si fuese una perrera pública del Cabildo, pues sería una ocurrencia haberla puesto ahí, pero es que resulta que es privada; nos la hemos encontrado al llegar al gobierno", ha contado. "Yo pensé que se trataba de una broma que me habían gastado", ha insistido, añadiendo que no saben "qué hacer con ella, porque estaba autorizada por los anteriores gestores del ITER".

Según el presidente, "allí no paga nadie, está ocupando un terreno público, no está permitida en el plan general de ordenación y no tiene ningún contrato con el ITER". Así, ha señalado que el Cabildo iniciará un expediente de desalojo "para que busquen una alternativa, porque no parece que esto sea serio".

Pedro Martín, en un tono muy molesto, ya mencionó este caso durante el pleno extraordinario del Cabildo celebrado este martes a petición de CC por la paralización de dos parques eólicos en Arico, que a su juicio ha supuesto una pérdida para la corporación insular de unos 8 millones de euros hasta diciembre.

El presidente ha precisado que la cifra exacta no se conoce, pero que en todo caso el fallo es imputable a Iberdrola y Energías Ecológicas de Tenerife, las dos empresas que se encargan del mantenimiento de los aerogeneradores. Martín ha apuntado que "da la impresión que CC está defendiendo más los intereses de esas empresas que los del ITER", y ha confirmado que el Cabildo reclamará el perjuicio económico que ha supuesto tener esos aerogeneradores parados.

Martín ha enumerado otras irregularidades en el ITER como préstamos entre las empresas del grupo por más de 18 millones de euros que luego no se devolvían, contratos de más de 100.000 euros "a dedo", ausencia de control contable, viviendas bioclimáticas sin licencia o enganches ilegales a la red eléctrica.