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Una familia tinerfeña víctima de estafa consigue recuperar sus fincas tras un calvario judicial de 20 años

La empresa estafadora se valió de que los propietarios habían emigrado a Cuba

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Antonio HerreroSanta Cruz de Tenerife

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 13:48

La emigración de canarios en el siglo pasado hacia distintas partes del mundo está repleta de anécdotas y de pequeñas historias. Sin embargo, también hay hueco para estafas por parte de aquellos que se aprovecharon de la ausencia de los que se fueron en busca de un futuro mejor.

Este es el caso de la familia Siverio Perera quienes después de 20 años han conseguido que se haga justicia, ya que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, les notificaba a principios de este mes de octubre, una sentencia en las que se les devolvía sus terrenos, y se les reconocía como víctimas de un delito de estafa, y de falsedad documental. En COPE Canarias hemos hablado con Juan José Rodriguez, afectado y representante de la familia Siverio Perera, quien junto al abogado Juan Francisco Miranda, ha conseguido hacer justicia dos décadas después de la interposición la primera querella.

Los hechos se remontan a 1999 cuando hasta la puerta de los herederos de los Silverio Perera, acudió una empresa, que supuestamente había adquirido a través de una comproventa con sus familiares residentes en Cuba, las tierras que siempre habían sido suyas.

MISMO MODUS OPERANDI

El modus operandi de esta empresa había funcionado en ocasiones anteriores y seguía el mismo patrón. Por un lado, ponían su atención en propiedades de personas que hubiesen emigrado a Hispanoamérica, y que por lo tanto, no estuviesen pendientes de sus fincas en el Archipiélago. Esta información la conseguían gracias a la connivencia de un funcionario del Catastro que les comunicaba esta circunstancia, y que debido a la tardanza de la Justicia no pudo ser sentado en el banquillo al fallecer antes de la celebración del juicio.

Tras fijarse en un objetivo, la empresa daba el siguiente paso. Así dependiendo del terreno, simulaban una compraventa hecha en Cuba, usando para ello, sin ningún pudor la firma de notarios cubanos, o directamente inventándose la existencia de una notaria. Una vez con esta documentación, conseguían que se inscribiese a su nombre en el Registro de la Propiedad. Posteriormente, simulaban otras compraventas con otras empresas sin apenas actividad, con la finalidad de dificultar el seguimiento de las propiedades. La última intención de los estafadores era conseguir vender la finca a un tercero de buena fé.

Así, si conseguían este objetivo, tendrían -en caso de ser descubiertos- que pagar por el valor de los terrenos, pero no lo podrían devolver, ya que pertenecían a un tercero. De hecho relata Miranda que esto ha ocurrido al menos en una ocasión con unos terrenos situados en La Orotava, y que al ser adquiridos de buena fé, los estafadores deben indemnizar económicamente a los propietarios, pero no devolver la propiedad. Este y otros casos tuvieron un amplio seguimiento por parte del extinto periódico La Opinión de Tenerife en el año 2000. Así en mayo del 2001 publicaba lo siguiente: “Una nueva empresa aparece supuestamente implicada en la apropiación de tierras de los emigrantes canarios que se fueron a Cuba. Juan Carlos Pérez Martín e Hijos, SL figura en el catastro como propietaria de unas fincas en la zona de Lomo del Aire, en La Laguna. Esta sociedad se une a otras tres empresas que tratan de apropiarse de los terrenos de emigrantes que no volvieron de Cuba”. De aquellos polvos, estos lodos.

“LA AVARICIA QUE ROMPIÓ EL SACO”

No obstante, aunque les había funcionado en ocasiones anteriores, esta vez, la avaricia rompió el saco. En 1999 esta misma empresa aludiendo a una supuesta caridad, decidió ofrecer a esta familia la posibilidad de recomprar estas fincas, por algo más de 240.000 euros. Todo iba sobre ruedas, la familia Siverio se llegó a plantear incluso solicitar un crédito para poder hacer frente a la oferta. Sin embargo, en esta ocasión les salió mal. La madre de Juan José vió algo “raro” en los documentos de compraventa. Tan raro como que había una firma que pertenecía a una persona que había fallecido tres años antes de la firma que aparecía en los documentos. La avaricia había roto el saco.

Esta “jugada” que parecía redonda se vino abajo en ese mismo momento. Según Juan José en ahí comenzaron a darle largas a las empresas, y consiguieron interponer una querella, en la cual entre otras medidas se solicitaba que se hicera una anotación preventiva en el Registro, lo que sin duda permitió que los estafadores no pudieron disponer de la finca. Sin embargo, ahí se inició otra lucha, ya de la mano de Juan Francisco Miranda, el abogado que ha llevado todo este asunto, y que relata como una situación traumática el haber tardado “20 años en obtener una sentencia”, aunque eso sí, nunca pensó que pudiesen perder el terreno, ya que al final “la familia ha podido descansar”. Por el camino se produjeron retrasos, hubo un cambio de juzgado y varios de los implicados fallecieron.

Por su parte, el tataranieto de los compradores originales, lamenta que la tardanza de los tribunales haya impedido que su padre o su tío hayan visto como se hacía justicia.

No obstante, sí alerta de que su caso no es único y que en la zona de Tahodio “hay decenas de fincas inscritas a nombre de Inversiones Copitel”, y que los herederos legítimos han perdido la propiedad.

Por último, Rodríguez ha querido lanzar un mensaje de esperanza, porque la Justicia “siempre llega”.

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