La anulación del decreto 188/2018 por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), por el que se convocó la Oferta Pública de Empleo de 2018, así como la de la estabilización pactada en Mesa Sectorial y que agrupaba un total de 5.513 plazas, ha hecho soltar todas las alarmas. En el día de ayer, se notificaba a las partes demandantes, y por supuesto al demandado, la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, lo que supone un retraso, cuando no, un varapalo, para miles de profesionales.

Del total de profesionales, al menos tres categorías --enfermería, matronas y fisioterapeutas-- ya habían realizado incluso la prueba teórica.

El director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, ha pasado por los micrófonos de COPE Canarias, donde se ha referido a este asunto, aunque aludía a que esta misma tarde iba mantener una reunión con los servicios jurídicos de la comunidad autónoma para analizar el alcance, y mañana miércoles, participará en una reunión en la Mesa de Sanidad.

SANIDAD TRABAJA EN UN PLAN B

Eso sí, ha dejado entrever que al ser una sentencia que no es firme, se recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo. Por otro lado, ha reconocido que la consejería ya trabaja en un “plan B”, porque no solo se trata de la anulación, sino que también se encontraban miles de plazas de estabilización que se establecían en los Presupuestos Generales del Estado del año 2018.

Asimismo, Domínguez, ha explicado que están a la espera de la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, pero que puede ocurrir que cuando eso tenga lugar, el Gobierno de Canarias no tenga capacidad para convocar plazas porque no “esté ningún proceso abierto”. Además, ha reconocido que algunos de los nombres de los demandantes, coinciden con los de la denominada Confluencia de Médicos de Canarias.

El motivo que conlleva la nulidad del decreto donde se publicaba la Oferta de Empleo Público (OPE), se encuentra en una cuestión básica y fundamental del derecho administrativo, que es la “vacatio legis”. Según explica la sentencia, la OPE se convocó para 2018, publicándose el 31 de diciembre de ese mismo año. Por ley, se establece un periodo de 20 días, salvo excepciones, hasta que entre en vigor. Esto significa que este proceso adquiere firmeza el 20 de enero de 2019, por lo que no debería estar ofertando plazas del año anterior. De hecho, en la propia sentencia, el tribunal se pregunta “¡¿Que sentido tiene aprobar en 2019 una Oferta de Empleo Público cuyo propósito es anunciar las plazas que debieron proveerse en 2018?!”.