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Plasencia sigue recibiendo dinero del Gobierno de Canarias por el alquiler de la sede de Educación

La empresa propiedad de la familia del empresario recibe 300.000 euros mensuales

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Antonio HerreroSanta Cruz de Tenerife

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 11:59

El pasado 17 de junio se anunciaba a bombo y platillo el acuerdo entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en manos en aquel tiempo del PSOE, y ahora en Coalición Canaria, y la familia de Antonio Plasencia, para saldar la deuda que mantiene con el consistorio tras la condena por el pelotazo de Las Teresitas. Sin embargo, COPE Canarias ha podido averiguar que el Gobierno de Canarias sigue pagando el alquiler de la sede de la Consejería de Educación en Santa Cruz de Tenerife, 300.000 euros al mes, a la empresa Carlacand, propiedad del condenado, en lugar de hacerlo al ayuntamiento tal como se anunció, al no haberse ratificado por parte de la Audiencia Provincial -el órgano sentenciador- el convenio. Según las fuentes consultadas se sigue pagando a la empresa con la que se firmó el contrato de alquiler, porque la Audiencia no ha ordenado que lo hagamos a otra cuenta.

El acuerdo permitió que el empresario condenado a más de seis años de prisión, consiguiese el tercer grado el pasado mes de agosto, al consider “saldada la deuda”.

HERNÁNDEZ PIDE QUE EL AYUNTAMIENTO DE UN IMPULSO AL ACUERDO

La exalcaldesa de la capital tinerfeña, Patricia Hernández, pasaba por nuestros micrófonos, e indica que la única explicación que encuentra es que se esté a la espera del informe del tasador, aunque desconoce si está designado o no. En todo caso, ha remarcado la necesidad de que el Ayuntamiento de Santa Cruz, ahora en manos de Coalición Canarias, tras la moción de censura del pasado mes de julio, con el apoyo de la ex concejal de Ciudadanos y tránfuga, Evelyn Alinso, de un “impulsito procesal al asunto, puesto que el principal o mejor dicho, el único interesado en recuperar el dinero es el ayuntamiento”.

Eso sí, Hernández ha vuelto a recordar que el acuerdo que ella misma hizo solo supone que los herederos de Plasencia hayan saldado su deuda, pero no los de Ignacio González -ya fallecido- que adeudan más de dos millones de euros al consistorio.

Cabe recordar que el acuerdo, que entre el ayuntamiento y la familia incluye dos edificios, el de la Consejería de Educación y el de Cabo Llanos, suman unos 55 millones de euros, el resto hasta los 95 lo pagará en 14 años, a razón de tres millones por año. Para asegurar que ese pago se realiza, el condenado pone como aval otras tres propiedades:el parking del Centro Comercial Bulevar, Hotel Urban Anaga y unos terrenos en La Gallega. Este aval se ejecutaría solo si se incumpliera el abono de los plazos.

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