La publicación del decreto ley que regula o más bien acerca la posibilidad de vacunación o la obligatoriedad de presentar una PCR en determinados sectores ha provocado ya las primeras reacciones.

En COPE Canarias hemos hablado con Manuel González, secretario general del sindicato de empleados públicos (SEPCA), quien ha asegurado que estudian junto a los responsables jurídicos del sindicato la adecuación a la legalidad del mismo. Así, recuerda que aunque la intención del gobierno de Canarias era la de dificultar entre otras cosas los recursos que pudiesen preguntar los particulares, hay otras fórmulas. Así por ejemplo apunta a que cabría “un recurso de inconstitucionalidad por parte de un juez o el Defensor del Pueblo”. En todo caso, defiende que cada persona es libre de vacunarse o no “puesto que es una decisión personal, y que en España la vacunación no es obligatoria”.

Asimismo, reconoce su malestar por una norma que no ha sido consensuada con los sindicatos y que en su opinión debería de haber sido negociada en el marco de la prevención de riesgos laborales, como se ha hecho en ocasiones anteriores.

Por otro lado, indica que no cree que la norma vaya a ir a ningún lado debido a su falta de concreción, su ambigüedad y falta de claridad en mucho de sus aspectos. Uno sobre los que González no ve claro es quien va a pagar la prueba en caso de que se niegue el trabajador a vacunarse.