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POLÍTICA

Los laborales temporales pasarán a ser indefinidos después de tres años en la Administración

El Tribunal Supremo rectifica su doctrina tras el toque de atención de Europa

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Aída MartínezSanta Cruz de Tenerife

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 18:48

El Tribunal Supremo, en su sala de lo social, rectificó ayer su propia doctrina tras el tirón de orejas de la Unión Europea (el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había declarado contraria a derecho comunitario la jurisprudencia española que permite renovar contratos temporales en el sector público a la espera de procesos selectivos sin un plazo concreto fijado) y desde ahora el personal laboral con un contrato temporal será considerado indefinido cuando superen los tres años de antigüedad en la misma plaza.

El cambio de criterio del tribunal refuerza las garantías del personal laboral, pero no afecta a los interinos o eventuales que estén cubriendo una plaza de funcionario de carrera que tendrán que esperar a que se pronuncie la sala de lo Contecioso-Administrativo del mismo tribunal. Este tipo de suplencia se da porque la Administración no saca esas plazas a concurso sino que las cubre con personal temporal que en múltiples ocasiones está en esa misma plaza varios años pero sin poder consolidarla y perdiéndose el sentido de la propia definición de temporalidad con la que fue contratado.

Por otro lado, queda fijado que las administraciones no podrán negar esa condición de indefinido defendiendo que por cuestiones de presupuestos no pueden convocar ofertas públicas de empleo.

El doctor y profesor en Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Gerardo Pérez, ha descrito como un gran problema el abuso por parte de la Administración con contrataciones temporales en fraude de ley para cubrir sus necesidades de personal permanente.

De hecho, Pérez ha resaltado que la culpa en todo caso no es de los trabajadores y lo ideal sería cubrirse a través de procesos selectivos con igualdad de condiciones pero si eso no sucede es por culpa de la Administración.

En esta línea, ha contado que esta la forma de proceder del sector público es ilegal y que hasta ahora no había existido esa contundencia a la hora de contratar como ocurre con el sector privado.

“Esto no es un premio, es una compensación tras un trato injusto”, ha puntualizado.



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