Existen parejas que después de años de relación terminan de malas maneras y de forma abrupta. Sin embargo, en pocas ocasiones, un padre es tan retorcido como para presentar en un juicio un supuesto contrato de alquiler falso para conseguir una reducción en la pensión alimenticia de su hijo.

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acoge la celebración de juicio contra dos hombres que supuestamente pactaron un contrato de alquiler ficticio para posteriormente presentarlo en un juicio de divorcio. La finalidad no era otra que uno de ellos- en proceso de divorcio de su expareja y madre de su hijo- consiguiese pagar una pensión menor.

Según sostiene el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación al que ha tenido acceso COPE Canarias, los acusados, pactaron el 11 de junio de 2014 en San Miguel de Abona “de dar apariencia de verdadero a un contrato de alquiler”. Así, “con la finalidad de aportarlo a un procedimiento civil sobre medidas provisionales previas, pactaron un contrato sobre un apartamento en Adeje”. Fingieron ambos acusados “ser arrendador y arrendatario, y este último pagar 700 euros al mes”.

EL JUEZ DE SU DIVORCIO NO LE CREYÓ

Menos de un mes después, el acusado interpuso una demanda de medidas provisionales –un proceso que se solicita ante el Juzgado con anterioridad a la interposición de la demanda de separación o divorcio para que rijan mientras se tramita el procedimiento principal y que tiene una duración máxima de 30 días- y que dio lugar al proceso final de divorcio ante el Juzgado Número dos de Arona. Así “el acusado con ánimo de eludir sus responsabilidades y de causar confusión al juez, así como perjudicar a su exmujer y madre de su hijo menor, para conseguir una rebaja de la pensión, aportó dicho contrato”. Sin embargo, continúa el relato del fiscal “no consiguió su objetivo y el propio juzgador dedujo testimonio por un posible delito de falsedad documental”.

Según el Ministerio Público los hechos anteriormente relatados son constitutivos de un delito falsedad en documento público, en concurso medial (un delito no se puede llevar a cabo sin el otro) con un delito de estafa procesal en grado de tentativa. Es por ello que solicita para los dos acusados cuatro años de prisión, así como el pago de una multa de seis euros diarias durante 16 meses.