Agentes de la Guardia Civil han detenido a un varón de 50 años y su pareja de 42 e investigan a un joven de 19 años, todos ellos vecinos de Santa Cruz de Tenerife, que llegaron a estafar más de un millón de euros a una empresa, por lo que se les acusa de los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y administración desleal.

La denominada 'Operación Demócrito' comenzó el pasado mes de marzo, cuando una empresa de productos lácteos formuló una denuncia contra uno de sus administradores por una serie de irregularidades contables que se habían cometido respecto al pago de proveedores.

La investigación de los agentes para determinar la veracidad de los hechos denunciados y la recopilación de indicios se basó principalmente en el estudio detallado de los datos bancarios obtenidos de las personas implicadas, datos que abarcaban desde el 1 de enero hasta marzo de este año.

Según se desprendió de las actuaciones realizadas por los investigadores, uno de los detenidos, en el uso de las atribuciones que tenía como administrador, enviaba capturas de pantalla de pagos a realizar al apoderado de la empresa que, una vez autorizados, cambiaba el número de destino del pago en la aplicación informática, de manera que ese dinero se desviaba a una cuanta diferente cuyo titular era él mismo.

Asimismo, la Guardia Civil detectó documentos de compras ficticias de vehículos que ni siquiera existían cuyos importes también eran ingresados en la cuenta de esta persona. De esta manera fueron contabilizados desvíos de fondos de la empresa por valor de 1.100.000 euros en dinero efectivo, el cual una vez depositado en la cuenta de su titularidad, era transferido a otras cuentas y se realizaban diferentes pagos por gastos corrientes.

Los agentes de la Guardia Civil realizaron, previo mandamiento judicial, un registro domiciliario a fin de obtener indicios del dinero fraudulentamente desviado de la empresa, procediendo a la intervención de un vehículo de reciente adquisición, ropa y bolsos de marcas de lujo, electrodomésticos, equipos informáticos y materiales de obra de un chalet recientemente comprado y que se encontraba en fase de reforma.

Cabe destacar el elevado nivel de vida que mantenían los ahora detenidos, a tenor del balance de ingresos y gastos que manejaban diariamente, finalizando la operación con la detención de dos personas e investigando a posteriori una tercera. Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han pasado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Güímar, decretando la autoridad judicial prisión preventiva para el administrador denunciado