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SUCESOS

Detienen en Tenerife a cuatro personas por blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública

Se financiaban con fondos que hacían llegar de Rusia a través de paraísos fiscales

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AgenciasTenerife

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 11:07

La Guardia Civil y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en el marco de la operación 'Isla Sorna' desarrollada en Tenerife, han detenido a cuatro personas, de nacionalidad rusa y española, por presuntamente eludir sus obligaciones tributarias y fiscales ante la hacienda pública española, ya que se les atribuye los delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, administración desleal, falsedad documental y suplantación de identidad.

La investigación llevada a cabo, que comenzó a principios de 2018, ha permitido comprobar que estas personas se servían de ingeniería fiscal-contable, sociedades y fondos de inversión extranjeros, empresas pantalla y despachos de fiducia para financiarse con fondos originarios de Rusia que hacían llegar a Tenerife a través de paraísos fiscales y territorios de nula tributación eludiendo toda responsabilidad fiscal y tributaria, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

En concreto, la Guardia Civil inició la investigación tras detectar que una empresa española se había estado financiando previamente a través de préstamos privados sin elevarlo a público y otorgados por ciudadanos de origen ruso.

Además, previamente, unos meses antes esta empresa había comprado los terrenos de una antigua sala de fiestas ubicada en Tenerife para reconvertirlos en un centro comercial de lujo.

El desarrollo conjunto de la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha permitido conocer que esta empresa española tuvo que recurrir, para iniciar su proyecto de reconversión, a fondos de inversión y sociedades extranjeras, de capital ruso y peculio de dudosa procedencia para obtener la financiación necesaria.

En concreto, se sirvieron de fuentes de financiación a través de sociedades nacionalizadas en Australia, Luxemburgo e Islas Vírgenes Británicas, lugar este último en donde una de las sociedades prestamistas estaba vinculada a un despacho de fiducia, asociado a multitud de sociedades pantalla de tipo 'vehicular'.

A través del empleo de estas sociedades pantalla habrían logrado préstamos hipotecarios por importes superiores a los 23 millones de euros, algunos con intereses de hasta el 25 por ciento.

De este modo, el análisis económico efectuado hasta la fecha ha podido determinar la utilización de un circuito para introducir fondos en España, concretamente en Tenerife, compatible con las fases del blanqueo de capitales atendiendo a los criterios establecidos por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Y es que gracias a la práctica de un sistema de "ingeniería fiscal" conseguían devenir posteriormente estas operativas para evitar en última instancia el pago de impuestos a la administración tributaria.

Esta investigación económica-financiera y fiscal ha permitido esclarecer un entramado empresarial que "durante años habría eludido toda responsabilidad fiscal y tributaria" en perjuicio de la Hacienda Pública.

REGISTROS

En total se han realizado seis registros, cuatro de ellos en domicilios de los investigados y dos en empresas mercantiles de Tenerife, pudiendo intervenir numerosa documentación de tipo económico (contabilidad y facturación principalmente), dinero en efectivo, así como dispositivos de telefonía, informática y electrónica.

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Asimismo el Juzgado que dirige la investigación ha acordado la anotación preventiva de bloqueo y disposición de bienes muebles e inmuebles, por unos 45 millones de euros, para garantizar las posibles responsabilidades civiles y pecuniarias.

La operación ha sido desarrollada conjuntamente por el Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), habiendo sido dirigida por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Arona en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife.


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