El cierre de una red de tiendas de informática deja a decenas de clientes sin sus productos pagados en Canarias: ¿Qué puedes hacer?

La cadena de tiendas de electrónica Última Informática ha echado el cierre de forma repentina en Canarias, dejando a más de una treintena de clientes en una situación de incertidumbre absoluta. La empresa ha entrado en concurso de acreedores tras bajar la persiana de sus establecimientos, como el conocido local del Centro Comercial Nivaria en Santa Cruz de Tenerife, pero la polémica ha estallado porque, presuntamente, ha dejado de entregar numerosos productos que ya habían sido pagados por adelantado. La cifra de la presunta estafa podría superar los 60.000 euros y el caso ya se encuentra en manos de la Policía Nacional, que ha comenzado a investigar los hechos denunciados por los afectados.

El grupo de afectados, que no para de crecer y ya suma más de setenta personas en redes sociales y grupos de WhatsApp, se ha convertido en el principal punto de encuentro para compartir la frustración y organizar una respuesta conjunta. Lo más sorprendente y grave del asunto es que, a pesar de que las tiendas físicas están cerradas a cal y canto, la página web de Última Informática continúa operativa. Cualquier usuario puede, a día de hoy, entrar en el portal, seleccionar un producto de alto valor, y proceder al pago, una situación que agrava la sensación de engaño entre quienes llevan meses esperando una solución que nunca llega.

Meses de excusas y un local cerrado

El testimonio de Andrea, una de las primeras afectadas en dar la voz de alarma, ilustra a la perfección el modus operandi que denuncian los clientes. Compró a través de la página web dos discos duros y una SSD por un valor cercano a los 600 euros, con la opción de recogida en la tienda del Centro Comercial Nivaria. “Ponía que había stock en recogida al día siguiente en tienda física”, relata en  Herrera en COPE Tenerife. Sin embargo, lo que parecía una compra rápida y sencilla se convirtió en un calvario de meses.

Cuando Andrea se presentó en la tienda para recoger su pedido, comenzaron las evasivas. “Ya empezaron todos los problemas. Que si el lunes va a llegar, que en el siguiente pedido llegaba…”, explica. Durante semanas, recibió largas por parte de los empleados e incluso del encargado, quien le aseguraba que iría personalmente al almacén a buscar sus productos. Las promesas se acumulaban, pero las soluciones nunca se materializaban. “Estuvimos así bastantes meses hasta que pusimos la primera reclamación, sin ninguna esperanza de que este producto fuera a llegar”, lamenta la afectada.

“Estuvimos meses esperando hasta que pusimos la primera reclamación, sin ninguna esperanza de que este producto fuera a llegar”

Andrea

Cliente afcetada por el cierre de Última Informática

La situación de Andrea no es un caso aislado. El grupo de afectados está lleno de historias similares: clientes que nunca recibieron sus compras y otros que entregaron sus equipos para una reparación técnica y ahora no tienen ni el dispositivo ni su dinero. “Hay un poco de todo, tanto gente que no le ha llegado su producto, como gente que entregó sus productos para una reparación y no tienen ni el propio ordenador o la propia torre”, confirma Andrea. Por ello, los afectados ya están planteando una denuncia conjunta para tener más fuerza y esperan agrupar al mayor número de personas posible para llevar la acción a cabo.

Las claves legales: La unión de consumidores recomienda

Ante este escenario, la pregunta que se hacen todos los afectados es si podrán recuperar su dinero. Raúl Alonso, abogado y portavoz de la Unión de Consumidores, arroja algo de luz sobre las complejas vías legales que se abren. Por un lado, está el procedimiento concursal de la empresa. “Si la sociedad está en concurso de acreedores, el problema es que todos estos afectados, en principio, tendrían que reclamar sus créditos en ese concurso”, explica. Sin embargo, esta vía ofrece pocas esperanzas.

En un concurso de acreedores, existen créditos con prioridad de cobro, como los de las entidades públicas (Hacienda, Seguridad Social), los salarios adeudados a los trabajadores o las deudas con garantía hipotecaria. Esto provoca que, en la mayoría de los casos, los pequeños acreedores, como los clientes estafados, se queden al final de la cola y, si la empresa va a liquidación, "es difícil que alcance para ellos".

Por este motivo, el abogado apunta a una segunda vía mucho más contundente: la acción penal por un presunto delito de estafa. Alonso considera que los hechos relatados por los clientes presentan indicios sólidos para iniciar este camino. “Una sociedad que tiene conocimiento de su propia situación económica, de insolvencia e incluso una previsión de insolvencia, está obligada a solicitar el concurso de acreedores. Lo que no puede hacer es, sabiendo que va a acabar en un resultado de insolvencia, seguir vendiendo productos”, argumenta el letrado.

El factor que podría inclinar la balanza hacia la calificación de estafa es el hecho de que, según varios testimonios, la empresa apremiaba a los clientes a pagar por adelantado el importe total de los productos. “Esa conducta puede ser una conducta dolosa, constitutiva de algún tipo penal”, subraya Alonso. El engaño, en este caso, sería evidente: la empresa capta el dinero de los clientes a sabiendas de que, muy probablemente, no podrá entregar la mercancía. “Usted sabe que no va a poder prestar el servicio y usted sigue ofertando y vendiendo billetes, cobrando esos billetes, que sabe que no va a prestar dicho servicio, así que evidentemente yo creo que entra de lleno en la definición que hace nuestro Código Penal de delito de estafa”, sentencia, recordando casos similares como el de la aerolínea Air Madrid.

Si hay una conducta dolosa estaríamos ante un presunto delito de estafa"

Raúl Alonso

Portavoz de la Unión Consumidores

La web sigue activa: una prueba clave

La paradoja de que la página web de Última Informática siga funcionando y aceptando pagos es, para el abogado, un elemento crucial que refuerza la hipótesis del delito. Aunque una empresa en concurso de acreedores puede mantener cierta actividad para intentar salvar el negocio, el comportamiento de Última Informática no parece seguir esa lógica. “Si mantienen la actividad vía online, evidentemente los clientes que han dejado tirados en las tiendas, los tendrán que atender, porque siguen con su actividad”, razona Alonso.

Si la empresa no solo no atiende a los clientes antiguos, sino que sigue captando nuevos pedidos online que previsiblemente tampoco cumplirá, “volveríamos a hablar de lo mismo, que usted está probablemente ante un delito de estafa”. Por todo ello, el consejo del portavoz de la Unión de Consumidores es claro: los afectados deben actuar conjuntamente e iniciar la acción penal. Aunque advierte que los procesos judiciales son lentos, “es una garantía de que se va a investigar y averiguar qué es lo que ha sucedido”. Además, la propia acción penal incluye la reclamación de la cantidad adeudada, uniendo en una misma vía la búsqueda de justicia y la recuperación del dinero.