Cáritas Diocesana de Tenerife, tras la declaración del estado de alarma y ante el aumento del impacto e incidencia del coronavirus (COVID-19), ha puesto en marcha una serie de medidas extraordinarias destinadas a garantizar la atención de los colectivos de mayor vulnerabilidad. El espíritu general de estas medidas pretende reforzar la misión de atender, acoger y escuchar a los últimos no atendidos, velando por su atención y cuidado.

En este sentido, Cáritas Diocesana de Tenerife ha mantenido en su gran mayoría los puntos de atención a familias y personas vulnerables con los que cuenta en el territorio diocesano, ubicados en las diferentes parroquias. En concreto, en la actualidad se mantienen 103 puntos de atención (la mayor parte acogidas parroquiales y algunas de las sedes de los arciprestazgos que tienen un espacio físico propio).

En las labores de información, orientación y cobertura de ayudas básicas de alimentación están implicados directamente más de 240 agentes, entre voluntariado y sacerdotes, así como el equipo técnico del Departamento de Animación al Territorio, que está formado por 15 profesionales.

Para el desarrollo de su labor, y siguiendo los protocolos sanitarios, aparte de brindarle los medios básicos de protección, como son mascarillas, guantes y geles desinfectantes, se les han dado las orientaciones oportunas para que guarden cuidadosamente las medidas de seguridad y distanciamiento social que recomiendan las autoridades. Asimismo, para cada agente se le ha facilitado un certificado para que facilite su movilidad por parte de las fuerzas de orden público.

En lo que se refiere al número de atenciones realizadas en el mes de marzo, se le dio respuesta desde la red de acogida de Cáritas a más de 2.800 familias, de las cuales 320 fueron nuevas solicitudes. Ello supone un incremento del 11% desde que se inició el Estado de Alarma, respecto a la atención habitual.

Desde el pasado 23 de marzo, Cáritas Diocesana de Tenerife tiene en funcionamiento una línea de atención telefónica para canalizar las posibles demandas de ayuda y asistencia por parte de la población, aparte de las vías habituales de contacto a través de las parroquias y puntos de atención de la Diócesis. Dicha línea telefónica (662 865 326), funciona en horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. No obstante, también continúa estando operativo el teléfono de los Servicios Generales (922 277212), así como el correo electrónico de la entidad (info@caritastenerife.org).

En esta línea, y contando también con las demandas que han llegado a través de la página web www.caritastenerife.org y sus redes sociales, se han registrado 375 demandas de personas que han contactado para pedir información, asesoramiento y, sobre todo, apoyo con la cobertura de alimentación y otras necesidades básicas.

El mayor número de demandas han llegado desde los arciprestazgos de Granadilla, Taco, Isora, La Salud, Santa Cruz Centro, La Cuesta y Ofra. En cuanto a los perfiles, destacan las familias de varios miembros con menores a cargo, en situación de desempleo y sin derecho a prestaciones. También se ha producido un incremento en el número de personas migrantes y demandantes de asilo, que no tienen recursos ni encuentran respuesta por parte de las administraciones públicas.

A estas demandas de las familias se está pudiendo dar respuesta con fondos propios de la entidad, mediante la entrega de vales/tarjetas de compra en supermercado o entrega de packs de alimentos no perecederos. Y, en menor medida, se está pudiendo cubrir también el apoyo para la compra de medicamentos mediante vales a farmacia y la compra de gas butano.

Según Cáritas, el aumento del desempleo, y las limitaciones impuestas por el estado de alarma a los sectores productivos del Archipiélago, lleva a pensar que durante los próximos meses las peticiones de ayuda que nos llegan continuarán creciendo.

Entre los colectivos más afectados por esta situación, además de los mencionados anteriormente, está el de las personas en situación de sin hogar. Sólo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Cáritas Diocesana de Tenerife tiene constancia de que hay alrededor de un millar de personas que viven en infraviviendas, asentamientos, quebradas, barrancos, casas abandonadas o cuevas.

Estas personas no están teniendo acceso a agua potable y saneamiento o, si lo tienen, mediante el suministro a través de camiones cisterna y puntos de agua, tienen que salir fuera de los asentamientos, además de carecer de recipientes adecuados para su traslado y conservación. En muchos casos, tampoco hay acceso a agua no potable para saneamiento.

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Además, carecen de acceso a medidas sanitarias de prevención y contención del COVID-19, excepto a los kits de higiene facilitados por entidades sociales como Cáritas. Tampoco disponen de kits de alimentación, según se establece en las medidas ordenadas por los Ministerios de Defensa y de Derechos Sociales y la Agenda 2030 respecto a las personas en situación de sin hogar. El único suministro de comida son las bolsas que las entidades sociales les están proporcionando, aunque cada vez con mayores dificultades.

Cáritas Diocesana de Tenerife cuenta con Unidades Móviles de Atención en Calle (UMAC) en el Norte y Sur de Tenerife y en la isla de La Palma, que continúan cubriendo las necesidades básicas del colectivo de personas en situación de sin hogar. Con la inestimable ayuda de algunas comunidades parroquiales, sacerdotes y personas voluntarias, se están entregando kits de higiene, alimentos, mantas y sacos de dormir, así como agua potable. De igual modo, se mantienen abiertos nuestros seis recursos alojativos para personas en situación de sin hogar, ampliando horarios y equipos técnicos en algunos de ellos, que hasta ahora no tenían cobertura total.

Entre las propuestas urgentes que Cáritas trasladó al Gobierno en los primeros días tras la declaración del Estado de Alarma, para garantizar los derechos de las personas vulnerables más expuestas ante los efectos del COVID-19, se incluía la necesidad, largamente reclamada, de garantizar un sistema de ingresos mínimos como última red de protección social de las personas y familias más empobrecidas.

Cáritas aboga por establecer este ingreso mínimo garantizado, con una cobertura equivalente en todo el territorio del Estado y que sea capaz de llegar a las familias que, por efecto de esta crisis, se incorporan a la pobreza y a la exclusión social, y que se enfrentan al riesgo añadido de que su situación se agrave y se cronifique en el futuro más inmediato.