Canarias, Murcia y Castilla-La Mancha se encuentran entre las Comunidades Autónomas con "cobertura en riesgo" en servicios sociales, al mostrar un desequilibrio entre el escaso desarrollo del reconocimiento de derechos y la cobertura real de prestaciones y servicios, según recoge el Índice DEC 2018, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Aunque el estudio reconoce la evolución de Canarias, que era una de las regiones que partía de una peor situación, el desarrollo de los servicios sociales sigue siendo "irrelevante", con una puntuación de 3,75.

En ese sentido, por ejemplo, sólo el 5,41% de población potencialmente dependiente recibe el servicio --menos de la mitad que en Castilla y León--, y el llamado 'limbo de la dependencia' es del 29,3%.

La evolución de los servicios sociales se ha "estancado" en España y faltan 1.300 millones de euros anuales para recuperar la inversión anterior a la crisis.

El informe, que se ha presentado este lunes en una rueda de prensa en Madrid, revela que los primeros años de la última legislatura en las distintas comunidades autónomas fueron "positivos" para los servicios sociales pero precisa que al final de la misma se han observado "síntomas de estancamiento".

"Los servicios sociales siguen en un proceso de estancamiento en España y todavía no se ha recuperado el nivel de inversión social previo a la crisis, faltaría recuperar 1.300 millones de euros, fundamentalmente porque no se han recuperado los recortes inmisericordes que produjo el Gobierno de España en 2012 y que suponen especialmente en el Sistema de Atención a la Dependencia un recorte de más de 4.500 millones de euros", ha subrayado el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

Respecto a la distribución del gasto en Servicios Sociales entre administraciones, el informe pone de manifiesto que un 61,4 por ciento del gasto procede de la administración autonómica, una cuarta parte, del esfuerzo de la administración local, y un 13,5 por ciento, de la Administración General del Estado.

Además, precisa que esta última es el único nivel que aún no ha recuperado los recortes.