La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife prevé una caída del PIB en Canarias del 20 % este año y un desempleo que puede llegar al 35 %, pero ve la situación con moderado optimismo si con las medidas adecuadas se consigue que sea un retroceso coyuntural y no estructural.

Lo esencial para Canarias es recuperar la conectividad aérea, lo que requiere de bonificaciones y descuentos de tasas a las compañías, pero además es necesaria "más firmeza" con el Estado para que autorice el uso del superávit y el endeudamiento y rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social a empresas y autónomos, según el presidente de la Cámara, Santiago Sesé.

Sesé ha presentado el informe de coyuntura económica para Canarias de la Cámara de Comercio correspondiente al primer trimestre, acompañado por la directora general de la entidad, Lola Pérez, y por Juan Ramón Fuertes, director territorial de CaixaBank, patrocinadora del estudio.

Juan Ramón Fuertes ha adelantado un dato sobre cómo el consumo va despertando con la desescalada: el gasto total con las tarjetas de la entidad cayó un 28 % en la tercera semana de mayo en relación al mismo periodo de 2019, pero el retroceso era del 48 % una semana antes y del 78 % hace tres semanas.

Lola Pérez se ha apoyado sobre todo en que la evolución económica de los dos primeros meses del año apuntaban a la estabilidad, antes del "descarrilamiento abrupto" de la segunda quincena de marzo, para apuntar a la posibilidad de que pueda producirse una "recuperación virtuosa" si se consigue restablecer la conectividad aérea y mantener la pandemia bajo control.

"Las previsiones, dentro de la incertidumbre, son que el segundo trimestre del año será el peor, y que serán mejores el tercero y el cuarto", ha dicho Pérez, que confía en que de esa manera la caída prevista del 20 % del PIB y la subida del paro al 35 % sea "transitoria en el medio plazo" y no estructural.

"Entendemos que la caída es transitoria, aunque habrá que ver la capacidad para recuperarnos de un descenso tan espectacular", ha apuntado la directora general.

El informe de coyuntura del primer trimestre del año, que incluye solamente los primeros quince días del estado de alarma sanitaria, ya refleja una caída del 6 % del PIB (frente al 4,1 % nacional) y caídas del 2 5% en el número de turistas extranjeros y de gasto turístico.

El presidente cameral, Santiago Sesé, ha reclamado "medidas contundentes e inmediatas" para paliar la caída económica "sin precedentes" que se anticipa y ha considerado que es preciso utilizar todos los instrumentos del REF para evitar la destrucción de empresas y minimizar los daños.

"Necesitamos que el Gobierno de Canarias sea muy firme para arrancar los máximos compromisos posibles", no solo en el uso del superávit y la capacidad de endeudamiento, sino en ayudas directas a los sectores más perjudicados.

La recuperación económica y social en Canarias solo puede llegar mediante la conectividad aérea, y por eso es fundamental que las empresas encuentren "atractivo" volar a las islas con el apoyo de bonificaciones y reducciones de tasas aéreas.

Para garantizar la continuidad de las empresas y los empleos, así como la incorporación de los trabajadores que están en ERTEs, es esencial y urgente rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social con carácter general, incluidos los autónomos, un estímulo que permitiría generar tesorería, ha indicado.

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Sesé ha considerado "letal" que se pretenda derogar ahora la reforma laboral, cuando se necesita el apoyo de las instituciones comunitarias que lo que demandan es precisamente reformas, pero sí ha mostrado su apoyo a la aprobación de rentas mínimas a las familias.

En cuanto al uso del superávit y del endeudamiento, ha calificado de "agravio comparativo" que se flexibilicen los criterios para Navarra y País Vasco y no para Canarias.

La Cámara de Comercio entiende que el sector de la construcción puede servir de colchón para el empleo y de arrastre económico mientras se reactiva el turismo y, para eso, demanda que se liciten las inversiones ya previstas, como las contempladas en los convenios de infraestructuras con el Estado.