El exconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Antonio Castro, ha negado cualquier tipo de relación con el caso Lezo, en el que figura como investigado por presuntas comisiones ilegales de OHL en las obras de abrigo del puerto de Granadilla (Tenerife) y la ampliación del Puerto de La Estaca (El Hierro). En esa pieza del caso Lezo también aparece en la misma calidad de investigado el expresidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luis Suárez Trenor.

En declaraciones realizadas a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, de la Cadena COPE, el dirigente histórico de Coalición Canaria ha confesado sentirse "muy disgustado y muy apenado" por la informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación. "Desconozco todo esto y nunca he participado en cuestiones de este tipo, si es que las ha habido".

Castro dice sentirse "muy disgustado y muy apenado"

Antonio Castro ha asegurado que su nombre aparece en la prensa "sin saber por qué razón". "Es lógico que los jueces investiguen y espero que las cosas se aclaren pronto porque es una situación muy desagradable para alguien que tantos años ha estado trabajando de manera honrada y transparente, con personas que desconozco quiénes son", ha señalado.

"Ni OHL ni ninguna empresa me ha ofrecido ninguna comisión", ha dicho tajantemente. El político palmero, que acaba retirarse de la política activa, esperará a una posible citación judicial, "si es que llega". Ha recordado, además, que las obras de La Estaca y de Granadilla pertenecen a Puertos del Estado, dependiente de la administración central, por lo que él no tiene "nada que ver con ninguna de las dos".

Sin embargo, Castro ha evitado contestar a la pregunta de si pondría las manos en el fuego por Luis Suárez Trenor. "Yo hablo por mí, aunque quiero pensar que las otras personas tampoco tienen nada que ver, pero no sé".

Según recoge Voz Pópuli, el contrato presuntamente era amañado previamente a cambio de comisiones ilegales. El dinero que supuestamente gastó OHL para sobornos a funcionarios y altos cargos de diferentes administraciones, principalmente en Madrid, Andalucía, Extremadura y Canarias, se estima en más de 38,6 millones de euros. Al parecer, el informe de la Guardia Civil recoge una grabación entre los directivos de la constructora en la que tratan sobre el reparto de dinero que habría que ver “los porcentajes de Antonio Castro”.