El C.D. Tenerife ha hecho público en la tarde de este jueves, un comunicado de cuatro puntos, después de que la Fiscalía Provincial haya abierto una investigación a raíz de una denuncia interpuesta por el interventor general del Cabildo de Tenerife, por la presunta comisión de delitos en torno a la compra de terrenos anexos a la ciudad deportiva del C.D. Tenerife durante la presidencia de Coalición Canaria.

Los hechos que se investigan se remontan al año 2012, cuando el Cabildo compró los terrenos ubicados en Geneto, en La Laguna, por 18,9 millones de euros, precio que se incrementó un 524% por encima del valor de mercado tras una tasación. En su denuncia, el interventor general del Cabildo aprecia posibles delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y administración desleal.

Una noticia que ha generado diferentes reacciones a lo largo de la jornada de este jueves, incluyendo la dl presidente de la primera institución insular, Pedro Martín. El club blanquiazul, ha querido fijar su postura de manera oficial de cara a sus accionistas y a la opinión pública a través de este comunicado, que refleja lo siguiente:

1.- Que en todas las operaciones inmobiliarias en las que ha participado ha cumplido escrupulosamente sus obligaciones legales, y ha actuado siempre con total respeto por el ordenamiento jurídico y el interés público.

2.- Que hasta la fecha no ha tenido conocimiento de que ninguna autoridad del Cabildo Insular de Tenerife instruyera un expediente en el que se investigara operaciones en las que el Club Deportivo Tenerife hubiera participado, por lo que en el ámbito administrativo se ha privado al club de su derecho de audiencia y se le ha provocado indefensión.

3.- Que el Club Deportivo Tenerife se pone a disposición de la Fiscalía y de las autoridades contables competentes para proporcionar cualquier información de la que disponga sobre su intervención en las operaciones a las que se refiere la denuncia presentada por la Intervención del Cabildo.

4.- Que el club, en aplicación de la ley, se ha dotado de un sistema de organización y gestión corporativa diseñado para que sus representantes, directivos o empleados no puedan cometer delitos en su actuación por cuenta de la sociedad y en beneficio directo o indirecto de la misma.

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