LAS PALMAS DE G.C

El sector del taxi sigue en pie de guerra

Cuatro organizaciones del colectivo de taxis de la capital acusan al consistorio de obligarles a cometer una irregularidad con la tarifa única

Tiempo de lectura: 2' Actualizado 16:17

La Asociación de Asalariados del Taxi, la Asociación Proderechos del Taxista Autónomo de Canarias, Asprotac y la Mesa Sectorial del Taxi, se han quejado de la situación que está viviendo este sector tras la última resolución cautelar del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que suspende la nueva tarifa única. 

Denuncian que esta decisión tendría que haberse aplicado antes del 25 de enero y que la realidad es otra, ya que el consistorio "ha dejado de defender los intereses del taxi". Según los representantes, "esta situación actual es de ilegalidad" y han apuntado que "el ayuntamiento  es el que debe dar instrucciones a la cooperativa para que cambien sus tarifas y no incurrir así en un delito".

Los colectivos coincidían en que se está beneficiando a otros sectores de movilidad de la ciudad, refieriéndose a las obras que se están cometiendo en la capital para el proyecto de la MetroGuagua y el aumento de la red ciclista. En su opinión, ellos están siendo los más castigados en la peatonalización de las calles. 

María Eugenia García, portavoz la Asociación de Asalariados del Taxi (ATAT), asegura que "si actualmente, un taxista aplica esta medida, en alguno de los barrios periféricos, puede estar cometiendo una ilegalidad". Cree que "si el ayuntamiento no hace nada al respecto y aplica la tarifa única, puede producir que en un futuro se tenga que privatizar el sector".

Gorky Bethencourt, portavoz de Asprotac, ha afirmado que "se trata de una medida populista y electoralista y que no beneficia ni a los taxistas ni a la población de la ciudad". Cree que con esta nueva tarifael precio va a aumentar en un 45% para el usuario y que perjudicará a más de 300.000 residentes en la capital grancanaria.

Además, el portavoz Asprotac dice que el taxi es "un servicio público que está dentro del interés general" y señaló que "actualmente Las Palmas de Gran Canaria cuenta con el 25% de las licencias de taxis que existen en Canarias y el precio de la bajada de bandera se sitúa en 2,80 euros".

El ayuntamiento no modificará la medida sin una sentencia firme.

Heriberto Dávila, técnico asesor de Movilidad del consistorio capitalino, ha desmentido las acusaciones de los representantes del taxi, de querer perjudicarles. Dávila asegura que estas cuatro organizaciones tan solo representan a un porcentaje pequeño del sector y que no han presentado en el TSJC todos los informes. Insiste en "que la subida de la tarifa está estipulada en un 11%, y que no tiene que modificarse hasta que haya una sentencia firme".

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