La plataforma Salvemos el Turismo en Mogán ha denunciado que en el complejo turístico Puerto Bello, alojamiento temporal de Menores Extranjeros No Acompañados, se da una repetición continuada de vandalismo, gamberrismo, pillaje e, incluso, casos de agresiones sexuales y prostitución.

La alcaldesa del municipio de Mogán, Onalia Bueno, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria que en el ayuntamiento ya tenían conocimiento de parte de la denuncia y así lo informaron a la Consejería de Derechos Sociales. Sin embargo, se ha mostrado sorprendida de la información aportada anónimamente por los trabajadores del centro de menores que indican que se han producido actos de índole sexual.

“Eso no me lo esperaba, me ha sentado como un jarro de agua fría”. Onalia Bueno advierte que en más de 15 ocasiones los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y del Estado han tenido que intervenir en estos apartamentos por los incidentes que están provocando los Menores Extranjeros No Acompañados, pero hasta el lunes, cuando recibieron el correo de los trabajadores con la denuncia, no tenían constancia de los hechos sexuales.

“Las denuncias no han cesado, los vecinos se quejan prácticamente a diario de los escándalos y los sucesos de vandalismo que se suceden en la zona y más ahora que empieza a llegar el turismo”.

La alcaldesa ha reivindicado la necesidad de cerrar este complejo turístico porque, además, no reúne ya las condiciones de habitabilidad. "El complejo está totalmente desvalijado. No hay inodoros, lavamanos, las puertas correderas de los balcones están rotas, no hay camas, solo colchones, etc.”.

Según Onalia Bueno, el consistorio ya había puesto esto en conocimiento de la Consejería en el mes de junio, en cambio, en lugar de buscar otro espacio para alojar a estas personas, renovaron el contrato con los apartamentos hasta septiembre.

La regidora del municipio sureño se ha dirigido a la Fiscalía para trasladar la denuncia físicamente e insistir en la clausura de estos apartamentos en los que critica que no solo se aloja a los menores, sino también a mayores de edad. Lo que está incurriendo en este tipo de sucesos graves.

“Las administraciones tenemos que ser más responsables y actuar”.

LA DENUNCIA SE HIZO A TRAVÉS DE UN CORREO ELECTRÓNICO

señala el Ayuntamiento que el 10 de junio, sobre las 14.00 horas, recibió un correo electrónico de un grupo de trabajadores anónimos de la Fundación Respuesta Social S.XXI que denunciaba una serie de situaciones ocurridas en Puerto Bello que podrían ser constitutivas de delito.

Al respecto, añade que el informe remitido expone de "forma precisa cómo una auxiliar técnico educativo comunica que un grupo de menores le ha reportado las repetidas agresiones sexuales que ha sufrido un menor", que es identificado, por parte de otros dos usuarios alojados en el centro "ya certificados como mayores de edad".

Asimismo, se indica que la víctima "ha tenido que fugarse para evitar ese tipo de situaciones y las humillaciones de sus compañeros por lo ocurrido", manifestando un auxiliar del turno de noche llega que existen vídeos de las agresiones sexuales y asegura que varios menores también informan de lo ocurrido.

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Ante estos hechos, el equipo educativo ha solicitado a la dirección del centro un refuerzo de los turnos de noche, así como la interposición de la correspondiente denuncia, sin que "nada de esto se haya llevado a la práctica", apuntando que "lo mismo parece suceder con los casos de prostitución, pues se refiere que la dirección conoce que al menos tres menores la han ejercido dentro y fuera del centro y que no se ha actuado al respecto".

También se refiere a las "repetidas e injustificadas" agresiones psicológicas y físicas a los jóvenes que van desde los insultos y vejaciones, a la intimidación y contenciones físicas. Asimismo se refieren a otro tipo de negligencias como la "falta de atención médica" de los menores que tienen un tratamiento psiquiátrico o los que requieren antibióticos, así como el "inexistente" protocolo anti COVID-19.

Además se refieren a las "deficientes condiciones de habitabilidad" que presentan las instalaciones por los "altercados que se han sucedido en los últimos meses y el mal estado" de las instalaciones de suministro eléctrico y de agua.

Finalmente, el grupo de trabajadores de la Fundación Respuesta Social S.XXI critica la "ausencia de prestación de servicios básicos como la educación, transcribiendo que desde hace meses no se imparten clases de alfabetización ni talleres emocionales o sociales que permitan la integración de los menores", refiriéndose así al "descontrol generalizado en el personal del centro que supuestamente permite el tráfico y consumo de estupefacientes", además de la "falsificación" de los informes sobre la ejecución de proyectos contratados por la Administración.

El Ayuntamiento de Mogán recoge que en la información de los trabajadores se ha asegurado que los "hechos descritos se han puesto en conocimiento de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, la última vez el 31 de mayo, y que esta aún no ha llegado a inspeccionar el complejo".

Ante todo ello, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, recuerda que "lleva meses denunciado públicamente y ante el Gobierno de Canarias la situación en la que se encuentran los menores extranjeros no acompañados en este complejo", donde expone que "son frecuentes" las intervenciones de la Policía Local del municipio y Guardia Civil, si bien afirma que "es consciente de la extrema gravedad "de los hechos que denuncia el grupo de trabajadores, por lo que confía en que la Fiscalía esclarezca la veracidad de estos y actúe en consecuencia.