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La nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias entra en vigor

Dotada con un total de 55 millones de euros anuales, para pasar de 3,7 millones a 7,1 millones de euros desde la actualidad a 2023

Servicio social

Agencias

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 18:45

 El BOC ha publicado hoy viernes la Ley de Servicios Sociales de Canarias, una norma que sustituye a la Ley de 1987 y que incorpora mejoras en normas tales como la Ley de modificación de la Ley por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción (PCI) o mejoras con relación a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha explicado que la entrada en vigor de la nueva Ley supone, entre otras medidas, que en torno a 11.000 familias con hijos a cargo que cumplan los requisitos contemplados en la Prestación Canaria de Inserción podrán solicitar en la permanencia en el sistema.

Tras la publicación de la Ley en el BOC se abre un periodo de generación de las disposiciones transitorias para regular la aplicación de la nueva normativa, así como de adaptación de los aplicativos y gestores informáticos compartidos con los ayuntamientos y procedimientos administrativos y presupuestarios necesarios para hacer efectiva su aplicación.

Con este fin, hoy viernes ha quedado constituida la Comisión Técnica Especializada del Consejo General de Servicios Sociales, órgano encargado de elaborar los reglamentos que desarrollarán la nueva Ley de Servicios Sociales. Esta comisión tiene como misión avanzar en los diferentes reglamentos previstos, así como establecer un calendario de trabajo.

De forma paralela, las diferentes direcciones generales implicadas en la Ley deberán desarrollar las instrucciones transitorias dirigidas a garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos en el propio marco normativo de la Ley, de tal forma que se garanticen los derechos de las personas y de las entidades en el ámbito de esta normativa.

"La entrada en vigor de la nueva Ley acomete, sin duda, una transformación permanente en las condiciones de vida de la ciudadanía canaria, lo que nos permitirá mejorar la calidad en la prestación de los servicios y ampliar la cifra de personas y familias atendidas, así como ampliar el perfil de ciudadanos que podrían ser beneficiarios de la PCI", matizó la consejera.

UNA LEY MODERNA Y AVANZADA.

La nueva Ley de Servicios Sociales, que fue aprobada el pasado 26 de marzo con consenso parlamentario, ha contando con un amplio proceso de participación ciudadana, del Tercer Sector, de los colegios profesionales, cabildos y ayuntamientos.

"Se trata de una Ley de última generación, de las mejores del Estado, que garantizan la construcción de un sistema público de servicios sociales moderno y avanzado", ha indicado Valido, quien explicó que la nueva Ley impulsa un nuevo sistema público de servicios sociales integrado por el conjunto de administraciones públicas canarias coordinadas en red, junto con sus centros, servicios y demás recursos en materia de servicios sociales y de asistencia social, de titularidad pública y privada acreditados, destinados a la ciudadanía en general, y en particular a las personas y colectivos más desfavorecidos, o que se hallaren en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.

Para ello se potencia la cooperación interdepartamental e interadministrativa, a través del Sistema Canario Unificado de Información, el Registro Único de entidades, centros y servicios, el Historial Social Único y el Plan De Intervención Social Integral, y permite la mejora inmediata de la PCI, intensifica la lucha contra la pobreza infantil y el apoyo a las familias con menores, ya que permanecerán en el sistema aquellas con menores a su cargo y sin rentas o con pocas rentas, así como aquellas personas que necesiten más tiempo para culminar sus itinerarios de inserción socio laboral en programas acreditados para tal finalidad.

Así mismo, se contempla la creación del Comité de Ética de los Servicios Sociales y el Observatorio Canario de Servicios Sociales, con la finalidad de promover las medidas necesarias para la garantía y mejora de la calidad en los servicios sociales, así como se insta al Gobierno al desarrollo del plan de inclusión social y lucha contra la pobreza; plan específico para la población infanto-juvenil así como a impulsar el primer diagnóstico del Observatorio Canario de los Servicios Sociales.

La nueva normativa contempla, igualmente, el diseño de un catálogo de servicios y prestaciones que definirá el Mapa de Recursos de Atención Social en Canarias, y que será indicador de eficiencia de calidad de los servicios y prestaciones y además será un indicador para la evaluación de la calidad y eficacia de los mismos.

Además, la nueva Ley de Servicios Sociales será dotada por parte de la Comunidad autónoma con un total de 55 millones de euros anuales, para pasar de 3,7 millones a 7,1 millones de euros desde la actualidad al 2023. La nueva norma fija una financiación a los Cabildos al menos en un 50 por ciento y a los Ayuntamientos entre el 40% y 60%, según número de habitantes, estableciendo, así mismo, cuatro planes de financiación plurianuales, de manera que en 12 años se alcanzará una financiación de 900 millones de euros que podrá garantizar sobre el coste real el Catálogo de Prestaciones y Servicios Sociales de Canarias.

La Comisión técnica especializada creada hoy viernes está presidida por la directora general de Políticas Sociales, María Reyes Henríquez, y cuenta con diversos miembros por parte del Ejecutivo canario, Fecam, Fecai, colegios profesionales de Trabajadores Sociales y Psicología y Cermi Canarias, así como representantes Confederación Canaria de Empresarios y organismos sindicales.

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