El muelle de Arguineguín se quedará sin inmigrantes la noche de este domingo. Las últimas 27 personas que quedaban dentro están siendo trasladadas a distintos recursos alojativos. Así lo ha confirmado hace unos minutos la Delegación del Gobierno en Canarias, después de que este fin de semana apenas hayan llegado a Canarias 55 personas en dos embarcaciones. Unas cifras lejanas a las que hemos conocido en este repunte de la inmigración ilegal en 2020, en el que han llegado cerca de 20.000 migrantes.

Atrás quedan tres meses de saturación extrema de un recurso que ha supuesto un problema para el Gobierno de Pedro Sánchez, ante la falta de infraestructuras para albergar a estas personas y la mala gestión que se ha producido de una situación en la que estaban involucrados hasta cinco ministerios distintos.

CONDICIONES PRECARIAS

Durante más de noventa días, hemos visto a estas personas totalmente hacinadas en un campamento de Cruz Roja, montado para 400 migrantes y en donde han llegado a estar más de 2.600. Se trataba de unas instalaciones diseñadas para que pasaran las 72 primeras horas en nuestro país y realizar las pruebas de filiación así como contra el COVID-19, pero en la práctica, hay migrantes que han estado más de un mes durmiendo al raso y en condiciones precarias.

Todas y cada una de las personas que han estado allí y hablado con los medios coinciden en este último punto: sin apenas espacio, con la misma ropa durante días, sin las suficientes mantas para dormir, con apenas un bocadillo al día y con el agua racionada.

LA RESPUESTA DEL ESTADO

La mala gestión por parte del Estado y la incapacidad para encontrar de forma ágil dónde albergar a estas personas ha hecho que las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez se hayan multiplicado. No han ayudado las tardías soluciones que se han planteado ni tampoco la poca empatía mostrada por muchos representantes ministeriales.

La descoordinación fue palpable el martes 17 de noviembre, cuando, ante el colapso total que se vivía en el muelle, con más de 2.600 migrantes, se dejó salir a 200 que acabaron en Las Palmas de Gran Canaria. Una decisión que ha supuesto una investigación por parte del Ministerio del Interior.

Este episodio aceleró la puesta en marcha del campamento de Barranco Seco, la referencia ahora para albergar a estas personas, hasta que se ponga en marcha por completo el plan diseñado por el Estado para combatir la inmigración ilegal, y que conlleva entre otras medidas, 6.000 plazas alojativas en siete puntos ditintos de las islas. Se pone punto y final de esta forma al "campamento de la vergüenza". Este lunes será desmantelado.