La jueza de menores Reyes Martel estalla por el conflicto policial: "O se ponen de acuerdo o tendré que ponerme la toga"

La jueza de Menores de Las Palmas, Reyes Martel, ha mostrado su profundo enfado en los micrófonos de 'Herrera en COPE Gran Canaria' ante el conflicto entre distintos cuerpos policiales sobre quién debe hacerse cargo de los traslados de menores. Esta situación, según ha denunciado, está provocando que no se cumplan las órdenes judiciales y se vulneren los derechos de los jóvenes.

No me va a quedar otro remedio que ponerme la toga de juez"

Reyes Martel, Jueza de Menores

Los derechos de los menores, en juego

Martel ha explicado que este enfrentamiento afecta a todo tipo de diligencias, desde órdenes de búsqueda y detención hasta el traslado a centros de internamiento. Como consecuencia, hay jóvenes que pierden citas médicas programadas con el Servicio Canario de Salud, ya que "si la pierden, la pierden y otra vez a la cola", ha lamentado la magistrada.

Ante la gravedad de la situación, la jueza ha sido tajante. Si las distintas policías no llegan a un acuerdo "en un tiempo récord", ha advertido que no le "va a quedar otro remedio que ponerme la toga de juez" y advertir a los responsables de que el incumplimiento de las resoluciones judiciales podría constituir un delito de desobediencia a la autoridad con sus correspondientes consecuencias.

Lo que nunca deben pagar son los menores"

Reyes Martel, Jueza de Menores

Faltan efectivos policiales

Según datos recabados por la propia jueza, el grupo de menores de la Policía Autonómica en la provincia de Las Palmas cuenta con solo 13 efectivos para atender tanto los casos de justicia juvenil como los de protección. Martel ha contrapuesto esta cifra con los 31 agentes destinados a la seguridad de los edificios públicos, una desproporción que le hace "tirarse de los pelos".

Finalmente, Reyes Martel ha recordado que el objetivo del sistema es reeducar a los menores para "tener adultos responsables que no sean un problema para la sociedad". Por ello, ha insistido en que sus derechos deben ser respetados en todo momento bajo el principio del interés superior del menor y ha concluido afirmando que "lo que nunca deben pagar son los menores".