Ana María Torres es una mujer que por temor a posibles represalias familiares utiliza un nombre ficticio para denunciar su situación de exclusión social. Vive en el barrio de Las Rehoyas en Las Palmas de Gran Canaria y asegura que cuando finalice la prohibición de los desahucios a personas en vulnerabilidad, previsiblemente a partir del 9 de agosto, la pondrán en la calle.

La familia compuesta por 4 miembros incluido a dos menores de 13 años y 8 años solo ingresa 700 euros de los que 400 se van para pagar el alquiler y con los 300 restantes no les da para pagar los gastos corrientes de agua, luz, alquiler y alimentación.

Su pareja era albañil, pero fruto de su labor está de baja médica, padece del pulmón y tiene diagnosticado trastornos mentales, por lo que la mutua le paga 700 euros, sin embargo, pronto decaerán sus ingresos porque está a la espera de la decisión del tribunal médico, tanto si lo consideran apto para trabajar como si le dan la incapacidad permanente la cantidad a percibir caer por debajo de los 600 euros por lo que su situación ya de exclusión se agravaría considerablemente.

Torres también alerta de que uno de sus hijos tiene diagnosticado un trastorno de la conducta, concretamente un TDAH que le dificulta la adquisición de destrezas y conocimientos sociales, “hace tiempo fue a tratamiento psicológico, pero debido a la situación por la que pasa la familia, le dio un brote en el instituto y estamos a la espera de volver a reconocimiento profesional.” Afortunadamente el tratamiento psicológico es gratuito porque de lo contrario no tendría recursos para recibirlo".

María Torres asegura que cuando llegue agosto y se ejecute el desahucio, no tiene donde ir porque la gran mayoría de los alquileres exigen un contrato de trabajoy ellos adolecen de esta garantía laboral “estamos dispuesto a pagar un alquiler pero nadie nos lo ofrece, voy al ayuntamiento de la capital ynos dicen que busquemos una alquiler,incluso tengo pedido una ayuda al pero sin vivienda, esta subvención no se ejecuta, por lo que se me hace necesario que alguien me alquile algún piso para que me den la ayuda al alquiler.”

Critica que el Ingreso Mínimo Vital se les haya desestimado, no entiende cómo es posible que, en un seno familiar de 4 personas, con solo 700 euros de ingresos, les sea denegada esta ayuda, “el gobierno cree que con 700 euros uno vive de lujo, pero con un par de compras el dinero se te va.”

Gracias a la parroquia consigue salir adelante, con los ingresos del marido puede pagar agua luz y algo de comida, aunque es la parroquia quien les ayuda a dar de comer a sus hijos.