El Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria exige este jueves la creación de una “oficina anti okupas” en el municipio, una bolsa de vivienda y una unidad especial en la Policía Local para asesorar a los propietarios de viviendas que se puedan ver afectados.

“Durante los primeros seis meses de este 2020 la ocupación ilegal en Gran Canaria ha subido un 56 %, con 122 viviendas okupadas”, ha asegurado este jueves la portavoz del PP en la capital grancanaria, Pepa Luzardo, quien también ha explicado que su partido desconoce por el momento los datos relativos a Las Palmas de Gran Canaria.

La formación popular llevará una moción al pleno del Consistorio capitalino para solicitar “una serie de medidas”, dado que la ocupación ilegal “está afectando a la convivencia de los vecinos”, ha añadido Luzardo para asegurar que La Isleta, Guanarteme, Jinámar y Tamaraceite son algunos de los barrios más afectados.

Las medidas que el PP ha propuesto este jueves contemplan la creación de una “oficina anti okupas” en la ciudad y de una “unidad especial de la Policía Local,tal y como la hay para la violencia de género, que ayude y asesore a los vecinos, las comunidades y los propietarios que se encuentran con que una vivienda de su propiedad está ocupada”.

“Pedimos también medidas sociales. No puede ser que a estas alturas del año el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ni siquiera ha gastado el dinero que tiene para las ayudas de alquiler”, ha dicho Luzardo, quien considera que la partida municipal destinada a este fin debería reforzarse.

Asimismo, la portavoz popular ha lamentado que el Gobierno de Canarias no haya sacado aún las ayudas al alquiler de 2020, sino que “sólo han sacado las ayudas para las personas que están en ERTE a consecuencia del covid-19”.

Otra de las propuestas de los populares es “la creación de una bolsa de vivienda” por parte del Consistorio capitalino, a través de la cual la administración “se responsabiliza de pagar el alquiler a los propietarios por un determinado número de años, así como del mantenimiento de la vivienda y de asumir el seguro del hogar”.

“Hablamos de agilizar y dar respuesta por parte del Ayuntamiento a un problema que ya empieza a ser grave”, ha insistido Luzardo, quien cree que “todo hace indicar que este problema se puede multiplicar” en las islas, tal y como ocurre en otras ciudades de España.

Por su parte, el diputado del PP por la provincia de Las Palmas Guillermo Mariscal ha apuntado que su formación presentará una proposición no de ley en el Congreso para “ampliar el espectro de la usurpación para un delito de tres años de cárcel y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan entre 24 y 48 horas desalojar a quienes han ocupado la casa”.

“Lo que queremos, en definitiva, es garantizar el derecho constitucional y fundamental a la propiedad privada”, ha dicho Mariscal para, por otro lado, criticar que “Unidas Podemos, que gobierna España, el Cabildo de Gran Canaria y está en el gobierno del Ayuntamiento, justifique la ocupación permanentemente y pretenda deslegalizarla”.

A su juicio, el Gobierno “ha perdido el norte y no está defendiendo los intereses más importantes de los ciudadanos, entre los que se encuentra la propiedad privada”, ha considerado el diputado popular este jueves.