Un empresario acusado de haber intentado sobornar a un edil de La Oliva (Fuerteventura) para recuperar la concesión de unas hamacas de playa ha optado en al inicio de su juicio por no declarar sobre los hechos de que se le imputan, que ha negado con una lacónica frase: "¡Son mentiras!".

El procesado, Gregorio Roberto V.G., se enfrenta desde este martes en la Audiencia de Las Palmas a una solicitud de cuatro años de cárcel, porque supuestamente intentó comprar con 2.300 euros a un concejal para que influyera en que volvieran a darle la concesión de hamacas que había tenido varios años y le arrebató otra empresa.

En la sesión de apertura de la vista oral, la letrada de la defensa se ha dirigido a Jurado designado momentos antes para dirimir sobre si su cliente es o no inocente declinando responsabilidad alguna por su parte en los hechos y sosteniendo: "Este señor ha sido engañado".

En favor de su representado ha aducido además que, a su entender, no existen pruebas suficientes que certifiquen su culpabilidad, otra razón más para que no se le pueda condenar, ha dicho.

Porque, conforme a lo previsto en la legislación vigente, "en caso de que existan dudas razonables, siempre va a prevalecer la presunción de inocencia", ha argumentado.

Frente a su planteamiento, el fiscal asegura que fue su defendido, por propia iniciativa, quien, tras perder un contrato de explotación que había sido suyo, "el 27 de abril de 2016, después de ponerse varias veces en contacto con Álvaro de Astica en su condición de concejal del Ayuntamiento de la Oliva, le entregó la cantidad de 2.300 euros a cambio de que influyera en la mesa de contratación".

Su objetivo era que, "en caso de que el adjudicatario renunciase a la concesión, se le atribuyera al acusado, por ser la segunda puja más alta, la explotación de las hamacas sin sacarla a concurso público, lo que contravenía la normativa municipal", se relata en su escrito de acusación.

Esos hechos son, conforme a su exposición, "constitutivos de un delito de cohecho" por el que procede imponer al empresario una pena de cuatro años de prisión, 4.800 euros de multa, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo e inhabilitación para empleo o cargo público durante 10 años.

Para dilucidar la veracidad o no de esas imputaciones, el juicio en su contra se reanudará este miércoles en la sección sexta de la Audiencia de Las Palmas, en una sesión en que se recabarán declaraciones de testigos y otras pruebas que ayuden al Jurado a decidir al respecto, después de una primera jornada de corta duración debida a la decisión del encausado de acogerse a su derecho a no declarar.