El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Puerto del Rosario (Fuerteventura) investigó el 29 de julio a una persona, de 35 años, como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna y animales domésticos, ya que tenía un perro de su propiedad en "grave estado" de abandono, "sin los cuidados mínimos debidos" de alimentación y condiciones higiénico sanitarias.

Esta persona está investigada después de que los agentes recibieran una denuncia de una asociación, que apuntaba a las condiciones de abandono e insalubridad que presentaban el perro, que estaba atado en una parcela de una localidad del término municipal de La Oliva, en Fuerteventura.

Esto motivó que agentes de la Patrulla del Seprona de Puerto del Rosario solicitaran la colaboración del veterinario municipal del Ayuntamiento de La Oliva para realizar un reconocimiento y posterior examen del animal, todo ello en presencia de su propietario, según informó la Guardia Civil..

Así, en el transcurso de la inspección de la finca, los agentes observaron a un perro en estado de abandono, sin alimentación, ni agua y en condiciones higiénico-sanitarias "deficientes que presentaba una extrema delgadez y heridas abiertas".

Además el animal carecía de identificación de microchip, cartilla sanitaria y vacunación obligatoria, así como de los requisitos previstos en el decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/199, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos y Decreto 30/2018, de 5 de marzo, por el que regula el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos en Canarias, ya que se trataba de un perro de la raza 'pitbull'.

Ante tal situación, los agentes optaron por incautar el animal y trasladarlos a las instalaciones de la asociación denunciante para que fuera tratado por veterinarios, quedando a disposición de la Autoridad Judicial.

Por su parte, el propietario del can en cuestión ha sido investigado como presunto autor de un delito de maltrato animal por tener al mismo en unas condiciones en que pudo peligrar su vida o integridad y no poder acreditar "de ninguna forma" un tratamiento veterinario para la curación de las patologías encontradas por su abandono, quedando así a disposición, junto con las diligencias policiales, del correspondiente Juzgado, en funciones de guardia, de Puerto del Rosario.