La Asociación Nacional Juristas contra el Ruido ha denunciado este miércoles la deficiente lucha contra la contaminación acústica que, en su opinión, ejerce el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, dadas las carencias con las que opera en este ámbito su Policía Local.

La presidenta de la asociación, Yomara García, ha lamentado la falta de sonómetros y la escasa labor de inspección que se realiza en Las Palmas de Gran Canaria por falta de medios humanos y técnicos y también por no aplicarse la legislación más actual sobre ruidos, como podría ser la nacional, a falta de una actualización de la ordenanza municipal, que es de 2002.

Con ello, ha dicho, se deja recaer en el ciudadano la lucha judicial contra el ruido, sobre todo en zonas residenciales, donde debe prevalecer el derecho al descanso, ha resaltado.

El concejal del PP Ángel Sabroso ha asegurado que se han dado situaciones como las vividas por vecinos de la calle Joaquín Costa, que han visto cómo el Ayuntamiento recurre sentencias judiciales a su favor y contra determinados establecimientos de ocio que exceden los niveles de ruido permitidos.

Yomara García ha ofrecido este miércoles una charla a ediles de la oposición en la corporación municipal sobre la problemática social que conlleva la convivencia con el ruido en las ciudades en general y en Las Palmas de Gran Canaria en particular, donde los puntos negros se sitúan en Vegueta-Triana, Guanarteme, y en calles concretas, como Cano, Torres o Montevideo, a lo que se suma el ruido del tráfico nocturno, que afecta al 30 % de los habitantes.

No solo se trata de combatir el ruido relacionado con el ocio nocturno, sino de controlar también que se ajusta a la legalidad el que emiten otras actividades, como gimnasios, supermercados, aparatos de aire acondicionado, extractores o talleres, ha referido.

"Tienen que actuar rápidamente y si hay una denuncia, atenderla, inspeccionar, controlar. Lo que no puede ser es que se deje pasar hasta un año para que un técnico municipal realice una inspección", ha aseverado.

La letrada ha aclarado que está abierta ha abordar este asunto con cualquier grupo político, de ahí que haya hecho extensible su oferta a los que sustentan el gobierno municipal, que no han participado en este encuentro, al que sí han acudido, además del PP, CC y el edil no adscrito José Guerra.

Desde el PP, Ángel Sabroso ha instado al Ayuntamiento a que "se tome en serio" el problema de ruido que existe en la ciudad y que afecta "gravemente" a la salud de muchos vecinos, una situación que, a su juicio, ha ido a peor en los últimos años por una falta de gestión municipal, que debe orientarse para "redirigir el ocio nocturno hacia zonas" donde no moleste y evitar que se expulse esta actividad de la zona portuaria.

David Suárez, de CC, ha manifestado que este problema responde al "descontrol" con el que ha funcionado el Ayuntamiento en los últimos "siete años", lo que ha derivado en una "estigmatización" de la hostelería y el ocio nocturno que puede acabar con esta actividad "dinamizadora".

José Guerra, edil no adscrito, ha explicado que en la moción que presentará este viernes en el próximo pleno municipal preguntará por "la nueva postura del Ayuntamiento" a la hora de establecer "que la Policía Local no tiene competencias sobre ruido".

"La Fiscalía de Medio Ambiente, con la que me he reunido, estaría encantada de formar a los policías para que puedan perseguir también los delitos contra el medio ambiente porque una acción continuada de ruido" puede convertirse en este tipo de ilícito, ha aseverado.

Guerra ha advertido de que el Consistorio puede pasar de tener problemas en el ámbito contencioso-administrativo a tenerlos en el penal por "omitir su deber de perseguir el ruido".

Sobre este asunto, el concejal de Urbanismo del Consistorio, Javier Doreste, ha dicho ha asegurado a Efe que el Ayuntamiento desarrolla un estudio para detectar el origen del ruido ambiental del que se quejan los vecinos del entorno de Isla de Cuba, Plaza de los Betancores y Joaquín Costa, cuyas conclusiones servirán para actuar contra los locales o terrazas que incumplan la ley.

El edil ha recalcado que "la gente tiene derecho a estar en la calle" y también "el deber de respetar el descanso de los demás", por lo que ha hecho un llamamiento al respeto a la convivencia por parte de todos los ciudadanos, ya que, a su juicio, lo que no se puede pretender es que la Policía "vuelva a estar en la calle para impedir el derecho de reunión".

Doreste ha admitido que la Policía Local carece de personal, pero ha negado que entre sus competencias no esté la de exigir el cumplimiento de las normas que regulan los niveles de ruido permitidos.