El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puerto del Rosario, Fuerteventura, ha condenado a una madre a cuatro meses de prisión por un delito de atentado a la autoridad y a 20 días de multa, después de agredir a una docente durante la entrega de notas en un centro de la isla de Fuerteventura.

Los hechos probados de la sentencia recogen que la agresión se produjo el lunes 25 de marzo, a las 18.00 horas, cuando la madre de un menor asistió a la recogida de notas y con "ánimo de quebrantar la integridad física" de la docente, así como "con absoluto desprecio", le propinó una bofetada y se abalanzó sobre la misma arañándola en un brazo y ocasionándole una contractura en el cuello.

La sentencia favorable para ANPE 

El atestado recoge además que la madre, aconsejada por su pareja, decidió no firmar el informe de evaluación del alumno, ya que "los resultados no eran satisfactorios, siendo en ese momento cuando se produce la agresión a la docente, situación a la que además la pareja de la agresora trata de sumarse pero otro padre lo detiene".

En relación con ello, el sindicato resaltó que la sentencia pone en valor no solo el delito de agresiones leves, sino el de atentado, recogido en el Código Penal. En concreto, el presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, subrayó que "la sentencia supone la respuesta a una demanda histórica de los servicios jurídicos de ANPE: reconocer al profesorado como figura de autoridad y que se proteja a los docentes ante actitudes intimidatorias".

"La sentencia supone la respuesta a una demanda histórica de los servicios jurídicos de ANPE"

Crespo, agregó, que este incidente es una situación "tensa (con problemas desde 2018) que desgraciadamente ha llegado hasta la agresión física, es una de tantas consultas y denuncias que llegan hasta el Defensor del Profesor y los servicios jurídicos", de ahí que consideró "tan relevante disponer de sentencias como ésta, que generan una barrera firme contra la violencia en las aulas".

Datos de agresiones en las aulas

Al respecto, recordó que en el curso 2017/2018 la figura del Defensor del profesor se activó en 147 casos, de los que 75 se produjeron en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 72 en la de Las Palmas. Además 12 de estos casos fueron en Infantil, 49 en Primaria, 73 en Secundaria, 11 en Formación Profesional Básica, una en ciclos formativos y otra en el resto de enseñanzas.

Por último, indicó que existe un "avance de la Administración asumiendo esta realidad, pese a haber minimizado esta lacra" en este curso al iniciar el borrador para una norma de atención al profesorado agredido donde se refleje la atención psicológica y la defensa jurídica de estos casos.

Sin embargo, lamentó que "a día de hoy se continúa abordando desde el sindicato este tipo de situaciones que debería asumir la Consejería aunque admitió que se ha avanzado desde la promesa parlamentaria en 2017".