La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, ha informado de que con cargo al programa de desarrollo rural se prevén ayudas de entre 700.000 y un millón de euros para los afectados por el incendio de Gran Canaria, con unas 800 demandas presentadas.

La titular del departamento expuso estas cifras ante la comisión parlamentaria del área donde, a petición del grupo Podemos, informó sobre las líneas y el plan de ayuda habilitado para las explotaciones agrícolas y ganaderas de Gran Canaria afectadas por los incendios que asolaron la isla en verano.

Alicia Vanoostende precisó que se está a la espera de los informes definitivos de daños que debe elaborar el Cabildo de Gran Canaria, y que ha solicitado la Consejería desde principios de septiembre.

En una primera aproximación de técnicos de la Consejería se ha cuantificado la superficie afectada por el fuego en unas 1.600 hectáreas de zonas de cultivos, casi 400 hectáreas de pastos, 250 de superficies cultivadas y mil hectáreas sin cultivar.

Recordó la consejera que el programa de desarrollo rural tiene medidas específicas para paliar los efectos ocasionados por los incendios y que se regulan a través de una orden directa de la Consejería de Agricultura, con fondos cofinanciados en un 85 por ciento por la Unión Europea y el resto propios de la Comunidad Autónoma.

En este caso se ha habilitado una partida de entre 700.000 y un millón de euros y la cuantía que recibirá cada peticionario dependerá del número de solicitudes, que deberá constar en el informe que presente el Cabildo de Gran Canaria, que "grosso modo" ha indicado que son unas 800.

Las previsiones de la consejera son las de hacer una convocatoria anticipada con cargo a los presupuestos autonómicos para 2020 con "el objetivo de poder iniciar los pagos cuanto antes, pero aconsejó a los afectados que vayan haciendo las reparaciones necesarias y que conserven las facturas para luego justificar las ayudas".

El solicitante de la comparecencia, el diputado de Podemos Francisco Déniz, apuntó que la gestión de los incendios en Gran Canaria ha supuesto un antes y un después sobre todo en la política comunicativa de catástrofes, pero recordó también que la recuperación de este tipo de incidentes "es lenta y dolorosa".

Francisco Déniz habló de la necesidad de revitalizar el campo y la pesca, subrayó que al final de la pasada legislatura se habían incorporado 230 jóvenes al sector primario y confió en que el incendio no sea "un desánimo", por lo que apremió a que haya celeridad en las ayudas.

Añadió que el fuego ha afectado bastante a la agricultura de subsistencia, que es "la gran olvidada" en las cifras macroeconómicas, a pequeños cuartos de apero, queserías artesanas, alpendres y tuberías de riego, con el problema que conlleva de corte del suministro.

Marcos Hernández, del grupo Socialista, dijo que del incendio se han sacado lecciones como la coordinación entre administraciones, algo que debe valer para futuras experiencias porque "esto no ha acabado con este incendio. Serán episodios que se van a repetir en el tiempo".

El diputado del grupo Nacionalista Canario David de la Hoz aseveró que el fuego ha causado "una gran mordida a Gran Canaria" y advirtió del abandono que ha sufrido el campo en ella durante décadas, para a continuación proponer que los miembros de la comisión parlamentaria visiten las zonas afectadas por el incendio en la cumbre.

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También recomendó David de la Hoz que se organice una oficina única para la gestión de las ayudas y que tenga carácter móvil, de forma que se desplace "a pie del territorio".

La diputada del grupo Popular Lorena Hernández señaló que es imprescindible que ha coordinación en las ayudas y confió en que éstas lleguen en tiempo y forma a los agricultores para que afronten lo que les ha supuesto un año perdido.

Por el grupo Nueva Canarias la parlamentaria Sandra Domínguez consideró que ha habido más de 2.000 construcciones afectadas entre viviendas, estanques y cuartos de apero, por lo que también pidió que se evalúen de forma urgente las medidas de seguridad en este ámbito y que se analicen los daños medioambientales sufridos.

Jesús Ramos, por la Agrupación Socialista Gomera, sostuvo que las administraciones públicas han estado a la altura de las circunstancias y ahora sólo falta coordinación para gestionar con eficiencia y eficacia que lleguen las ayudas a los afectados.

Ramos también pidió a la Consejería que visibilice al sector primario, que se revitalice para que los jóvenes lo vean como una opción de futuro y ayude a que las medianías y zonas rurales no estén tan despoblados, pues esta es la mejor estrategia posible.

Por el grupo Mixto Ricardo Fernández de la Puente (Ciudadanos) indicó que muchas veces las ayudas tardan muchísimo en llegar y no sirven para restituir los bienes dañados, al tiempo que advirtió de que aparentemente dinero hay pero la pregunta es obvia, si se recibirán antes de fin de año, lo que parece imposible.

"Que la burocracia no haga que las ayudas no lleguen a los damnificados porque se pierdan en el papeleo", concluyó el parlamentario.

La consejera Alicia Vanoostende contestó a los grupos que cuantificar los daños es un proceso complejo por lo que es normal que haya unos plazos relativamente largos en el procedimiento, pero precisó que hay una coordinación constante con el Cabildo de Gran Canaria y cuando se hayan cuantificado los daños se analizará cómo distribuir las indemnizaciones para que sea sencillo para los ciudadanos acceder a ellas.

Al respecto, también precisó la consejera que piensa trabajar en la misma vía que el Cabildo de Canaria de promover un plan de soberanía alimentaria, pues esta isla está trabajando "muy bien" en potenciar el sector primario.