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OKUPACIÓN

El abogado que evitó que entraran más okupas a su inmueble, pide una modificiación del decreto ley

La Asociación Afectados por la Okupación asegura que con el nuevo decreto ley "se blinda al okupa y les deja desamparados"

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COPE Gran CanariaLas Palmas de Gran Canaria

Tiempo de lectura: 4'Actualizado 21:57

La okupación de viviendas es un tema que desgraciadamente ha ido en aumento en nuestra tierra y que preocupa a muchas familias no solo de Gran Canaria, sino de todo el archipiélago canario. Se trata de una situación que ha dejado a muchas personas en total indefensión por ser propietarios de segundas o terceras viviendas.

En COPE hemos hablado con Manuel Domínguez afectado, abogado y miembro de la Asociación Afectados por la Okupación. Le hemos preguntado porqué cuesta tanto desalojar a día de hoy a una persona que ha entrado de forma ilegal en una segunda vivienda.

Manuel Domínguez ha asegurado que cuesta tanto por varios motivos: “Por un lado, como consecuencia del ordenamiento jurídico que tenemos. Es decir, por la falta de herramientas jurídicas necesarias para poder actualizar la intervención de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por otro lado, como consecuencia de las políticas del Gobierno actual, a través de un decreto ley que ha sido convalidado en el Congreso. Un decreto que digamos que apremia o permite que familias supuestamente en situación de vulnerabilidad, puedan ocupar viviendas. Digamos que se les conceda el derecho a no tener que abandonarlas durante el tiempo que dure toda esta situación”.

Además apunta a que “hay mafias conocedoras de eso, aprovechan esa situación para hacer lo que están haciendo en Las Palmas de Gran Canaria”.

LA MODIFICACIÓN DE LA LEY, UNA POSIBLE SOLUCIÓN

Desde la Asociación Afectados por la Okupación, están trabajando precisamente en la modificación de la ley. La idea según apunta el abogado, "esa modificación puede ser mediante un diálogo con las diferentes administraciones. Plantear o promover una reforma legislativa que de alguna manera pueda proteger o proteja a las familias, que se encuentran ante ese amparo e inseguridad que actualmente les da esa nueva legislación”.

Apunta a que no es un problema de que sepan aplicar la ley, sino que es difusa. Se le “blinda de alguna manera al okupa en la medida en la que entra en un inmueble porque afirma que es su morada. Desde un punto de visto constitucional está protegido. Solamente mediante autorización judicial se puede entrar al inmueble”.

Considera que: “Es ahí donde habría que buscar alguna herramienta o legislar, para que digamos ese derecho no lo adquiera el okupa por el mero hecho de decir que lleva ahí cuatro días viviendo en el inmueble”.

EL ALLANAMIENTO DE MORADA ES UN DELITO PERO CONLLEVA UNA INVESTIGACIÓN

A pesar de que el allanamiento de morada sea un delito, conlleva una investigación y por ello tiene unos plazos, ya que se deben realizar una serie de pesquisas. “Mientras ese procedimiento dura, hay personas que siguen ocupando inmuebles. Eso es lo que está pasando básicamente”.

Es por eso que muchas personas que ocupan una segunda vivienda, pueden quedarse en el inmueble hasta que las investigación determine que no se trata de su inmueble.

Manuel Domínguez: “Es incomprensible. Yo que soy conocedor del derecho, lo único que pude hacer cuando le pasó esto a mi familia hace dos semanas, fue quedarme haciendo guardia en la puerta para evitar que esto no fuera a más”.

LOS PROPIETARIOS QUE TIENEN UNA VIVIENDA OKUPADA SE SIENTEN DESAMPARADOS

Según apunta Manuel Domínguez “la realidad que sentimos todas las personas que sufrimos esta situación es que estamos desamparados. No hay un ordenamiento jurídico que nos proteja en este sentido y no hay una respuesta inmediata por las administraciones que es lo que debería existir en estos casos”.

Asegura que hay una respuesta, pero que es una respuesta tardía. La consecuencia es que “todos los propietarios que nos vemos afectados por la okupación, somos los que lo sufrimos durante todo el tiempo que dura el procedimiento. En la respuesta de la administración, es donde tenemos que tratar de buscar una solución”.

HA HABIDO UN AUMENTO DE OKUPACIÓN ILEGAL EN LA CAPITAL GRANCANARIA

Manuel Domínguez asegura que la okupación ha aumentado en Las Palmas de Gran Canaria. Expone que en las dos semanas que estuvo haciendo guardia en el edificio de Isla de Cuba, "muchas personas se acercaron a dar ánimos y contarle que también estaban o habían estado en su misma situación".

Manuel Domínguez: “Me he dado cuenta de que son muchas las personas afectadas en Gran Canaria e incluso en el archipiélago, que se encuentran en esta misma situación que yo. Ya sea porque le han ocupado y no encuentran una solución; o porque se ven obligados a hacer guardias en sus segundas viviendas para que no ocurra esto”.

El abogado asegura que le extraña que en Las Palmas de Gran Canaria tan solo se hayan okupado 29 viviendas, como apuntaba el consistorio capitalino

“Me extraña que sean solo 29 viviendas ocupadas. Son más de 29. No es que yo lo controle por el trabajo que hago, pero desgraciadamente, me han venido aquí más de 29 personas con esta situación”, añade en COPE.

"La realidad es que en las dos semanas que yo estuve aquí intentando defender este edificio, nadie del ayuntamiento capitalino se puso en contacto para buscar una solución. Eso es una realidad, no han hecho nada o han hecho poco, con respecto al problema que yo he tenido y que han tenido otros vecinos. A partir de ahí, que cada uno saque sus propias conclusiones”, añade.

CONSEJOS SI LE OKUPAN UNA VIVIENDA

Según han apuntado en COPE, una vez que el propietario tenga conocimiento de que han ocupado segundas o terceras viviendas puede realizar estas acciones: “Que se pongan en contacto con la Asociación Afectados por la Okupación a través de la web stopokupas.org y antes de hablar con la Policía Nacional intentar buscar una solución pacífica y dialogada con las personas que estén ocupando el inmueble, para que lo abandonen.

Apunta a hacer esto antes de hablar con la Policía Nacional ya que: “como llamen a la Policía Nacional tal como está la situación y el ordenamiento jurídico, si los agentes preguntan a los okupan dentro del inmueble y afirman que llevan ahí un tiempo, la policía no podrá hacer nada. El propietario a lo único que se verá obligado es a presentar una demanda de desahucio en el juzgado de lo civil, con el evidente tiempo que dure este procedimiento”.

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