El pasado 10 de marzo se abrió el plazo de presentación de solicitudes para las ayudas extraordinarias ofertadas por el Gobierno de Canarias para pymes y autónomos afectados por la Covid-19. A día de hoy, ya se han empezado a entregar las ayudas por parte de las Cámaras de Comercio y del Servicio Canario de Empleo.

Según Blas Acosta, Viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, las 166 ayudas entregadas hasta ahora se incrementarán hasta las 500 semanales gracias al rápido ritmo de trabajo de los empleados de las Cámaras de Comercio. “Las 115 personas de las cuatro Cámaras canarias cogen el procedimiento y lo gestionan con un ritmo rápido. A día de hoy hay más de 16.000 solicitudes, y se habrán conseguido gestionar unas quinientas para este viernes, y otras quinientas para la semana que viene”, destacaba en los micrófonos de COPE Canarias. Las ayudas siguen dos líneas diferentes, la de los autónomos sin trabajadores, y las de las pequeñas empresas con menos de 50 empleados.

Acosta garantizó la llegada del dinero, que es un objetivo prioritario del Ejecutivo y que se intentará llegar a cubrir todas las peticiones. “Se ha publicado en el boletín la amplitud de plazo hasta el 22 de abril. Se supone que todas las peticiones se van a atender, por lo que animamos a que se presenten todas las solicitudes posibles”, señalaba, además de ejemplificar la eficacia del servicio en la prontitud del pago de las primeras de las ayudas, que se hicieron antes del vencimiento del primer plazo.

IMPOSIBILIDAD DE RECIBIR AYUDAS POR IMPAGOS A LA ADMINISTRACIÓN

Acosta fue crítico con un punto del procedimiento de petición de las ayudas, por el cual se expulsa del mismo a aquellas empresas que no hayan abonado sus obligaciones con la administración. Según el viceconsejero de Economía es “pernicioso” que haya casos en los que se niegue el acceso a esta ayuda cuando los empresarios no pueden cumplir por escasez de dinero.

“No tiene sentido no poder darle de comer a tu familia y tener que abonar al Estado para poder recibir este incentivo. La idea del gobierno es de ayudar a todas y cada una de las pequeñas empresas. Esa solución se debe dar y probablemente se pueda dar en dos semanas”, asumió.

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Insistió en que la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo trabaja para que se apruebe en Consejo de Gobierno un borrador para bonificar a los trabajadores que no pueden disfrutar del ERTE al estar fuera de convenios laborales. “Podría garantizar 30.000 euros a estos trabajadores que no tienen la garantía del ERTE. Habrá una labor inmensa estas dos semanas para completar las líneas de ayuda para trabajadores y empresas”.

Además, mencionó la ampliación de pago de seis meses para las personas que salieron a pagar en el IRPF, dentro del caso de aquellos a los que el SEPE les apareció como segundo pagador a razón de los ERTEs, y que se encuentran ahora en una situación de obligación con Hacienda.

Sin embargo, considera que “ahora mismo lo importante es que esta herramienta del ERTE ha ayudado a mantener empleos y a los trabajadores. Las medidas se deben perfilar para mejor, pero al menos no han tenido que estar con esta situación de desempleo”. Considera difícil el cambio en estos casos porque requeriría de una reforma de la ley tributaria.

LAS CÁMARAS DE COMERCIO Y LA GESTIÓN DE LAS AYUDAS EUROPEAS

El viceconsejero recordaba también que se cuenta con las Cámaras de Comercio para la gestión de los fondos europeos destinados a Canarias. “La consejera tiene una reunión con las Cámaras para poder avanzar en este asunto. Seguramente se use la cadena de los ERTEs, ampliando su alcance para que llegue a todo el mundo”.

Acosta advirtió de que el dinero no irá solo para grandes empresas, sino que espera que lleguen a toda la estructura empresarial canaria, que ha sufrido un parón completo en el turismo, una actividad económica que llega en algunas islas, según el viceconsejero, al 70% de la actividad total.

En función de la casuística, cree que será importante valorar que empresas están en beneficios y cuales en inversión, las cuales diferencia de cara al cobro de estos incentivos. “Una inversión no es un gasto, y se debe recoger por el parlamento y declararse así. El decreto de ayudas no recoge como beneficio la inversión. Muchas empresas han tenido que vender su patrimonio para mantener el pago a los acreedores y a su personal”.

Reconoce que es el matiz que se debe valorar de cara a la consideración de las empresas como posibles benefactoras de los fondos, los cuales deben destinarse correctamente o “podrían no llegar a cubrir las necesidades económicas de las Islas”