El Gobierno de Canarias ha anunciado este miércoles la compra de las 358 viviendas de protección oficial del barrio de Añaza propiedad del Banco Santander y a las que la entidad no iba a renovar el contrato. Tras varios meses de incertidumbre, el Ejecutivo autonómico, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aseguran que la historia acaba con final feliz.

Según ha detallado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el Consejo de Gobierno aprobó este martes la ampliación de capital de Visocan para la compra de las viviendas. Será la empresa pública quien pague los 24.890.000 euros acordados con el Santander. El precio está por debajo de la tasación, que se situaba en unos 29 millones de euros.

La consejera de Vivienda, Cristina Valido, espera que la firma de la compraventa se efectúe en un mes y medio o dos meses. Sin embargo, queda pendiente saber qué pasará con los okupas que siguen habitando en algunas de esas viviendas y con los inquilinos que tienen rentas algo más altas que el resto. Según Valido, una vez Visocan tenga la propiedad de las viviendas se estudiará caso por caso, pero tanto la consejera como la representante de los vecinos, la activista antidesahucios Inma Évora, subrayan que ninguna persona se quedará en la calle.