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El Supremo rebaja las condenas por el caso Riopedre, a excepción de la de Marta Renedo

La acusación particular destaca que, más allá de las penas, la sentencia confirma la existencia de una trama de corrupción 

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Tiempo de lectura: 2'Actualizado 18:40

El Tribunal Supremo ha rebajado las penas impuestas a cuatro de los cinco principales condenados por la trama corrupta del "Caso Riopedre", también conocido como “Caso Marea”.

El exconsejero de educación, José Luis Iglesias Riopedre, ve, así, reducida su pena de seis a cinco años y dos meses de cárcel y multa de 400.000 euros, mientras que su número dos en el departamento, la ex directora general María Jesús Otero, ha visto reducida su pena de nueve años y medio a cinco años y cinco meses.

Al empresario Víctor Manuel Muñiz Menéndez, propietario de Igrafo, se le reduce la pena de seis años y medio a cinco años y dos meses y multa de 1,5 millones, y al empresario Alfonso Carlos Sánchez se le rebaja de los seis años y medio a dos años y ocho meses de prisión y al pago de una multa de 1,9 millones.

En la misma sentencia también se condena al empresario Maximino Fernández, propietario de Asac Comunicaciones, a una pena de un año de prisión y se absuelve al hijo del exconsejero de Educación, Ernesto Iglesias González, del pago de casi cien mil euros a los que fue condenado por la Audiencia por su responsabilidad civil.

La pena más elevada ha recaído en la exfuncionaria Marta Renedo, para la que se mantiene la condena de nueve años de prisión y multa de 480.000 euros.

Tras conocerse la sentencia, el abogado de una de la acusaciones particulares, la ejercida por AVALL, Esteban Aparicio, destacaba en COPE que, más allá de las penas, la sentencia confirma la participación de los acusados en una trama de corrupción, de “latrocinio” de dinero público que, según Aparicio, queda “mas allá de toda duda”.

La Sala de lo Penal ha considerado acreditado que "quedó sustancialmente corrompido" el procedimiento de adjudicación de contratos de suministro y de obras en cuatro Consejerías del Principado.

Sin embargo, el tribunal ha rebajado las penas al estimar el concurso medial de algunos delitos y por vulneración de la presunción de inocencia en los casos en los que no fueron citados ante la Audiencia Provincial testigos directos de los hechos que para el Supremo eran "cruciales e imprescindibles".

El alto tribunal ha declarado probado que los empresarios Muñiz y Sánchez proporcionaron dádivas a María Jesús Otero y Marta Renedo a cambio de adjudicaciones en suministros de equipamientos, material y obras para las Consejerías por valor superior a dos millones de euros.

A través de este procedimiento, se acabó implantando un sistema mediante el que se corrompió la objetividad e imparcialidad en la adjudicación de los contratos de la administración pública ya que, en unos casos, los funcionarios condenados que percibían las dádivas adjudicaban con asiduidad los contratos de prestación a sus empresas.

En otras ocasiones, los funcionarios condenados consintieron que los empresarios no entregaran, total o parcialmente, el material y la mercancía que había adquirido el Principado, de tal forma que éste abonaba las facturas y no recibía a cambio el suministro comprado o la obra estipulada, por lo que los empresarios invertían una parte del dinero retenido o no entregado en dádivas y se quedaban con la otra parte.


Las primeras irregularidades del "caso Marea", la mayor trama de corrupción juzgada hasta la fecha en el Principado, fueron detectadas a principios de 2010 en la adjudicación de contratos, si bien el alto tribunal estima que empezaron a producirse en 2003 en el ámbito de las consejerías de Asuntos Sociales, Cultura, Administraciones Públicas y Educación.

La alta funcionaria del Principado fue detenida en enero de 2011 junto a Iglesias Riopedre, que dimitió cinco meses antes de su cargo de consejero alegando motivos de salud tras formar parte de los sucesivos gobiernos de Vicente Álvarez Areces, y María Jesús Otero.

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