Cerca de unos 50.000 expedientes sancionadores “derivados de la problemática inherente a las restricciones de la COVID-19” tramita el Gobierno asturiano. Así lo ha explicado en sede parlamentaria el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño al ser interpelado por la diputada de Vox, Sará Álvarez Rouco sobre la tramitación urgente de los proyectos de especial interés para el desarrollo de la comunidad.

El vicepresidente del Principado ha incidido en que este año no es normal y que, además de la gestión del presupuesto regional, desde Ejecutivo regional se están ocupando también de otros 50.000 expedientes de solicitudes de ayuda a los sectores más afectados por la pandemia del coronavirus o de miles de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTES).

Cofiño asegura que existe un equilibrio difícil entre la seguridad jurídica y la celeridad de la gestión administrativa, admitiendo que la actual normativa, estatal y regional puede ser garantista “en exceso”, pero apostillando que es lo que hay.

Juan Cofiño asegura que, frente a esta situación, el Principado ya trabaja en normas para aligerar la tramitación pública y los diferentes trámites porque la Administración actualmente es lenta, al menos en lo que se refiere a las respuestas que se requieren en estos tiempos. Por otro lado, ha señalado que en materia de personal se está mejorando la estructura para ayudar en la gestión ordinaria y de los fondos europeos. No necesitamos más funcionarios, lo que pasa es que la plantilla actual no es la adecuada, ha sentenciado.

Cofiño ha acusado a Vox de pretender reducir el Estado a la mínima expresión para que las políticas que abanderan, que todos conocemos, tengan éxito. Rouco, previamente, había afirmado que la administración asturiana es un “mastodonte que adolece de defectos muy graves, ineficacia, inoperancia e incapacidad”, por lo que es un claro ejemplo del dispendio que supone el mantenimiento del estado de las autonomías.