Podemos trasladará a la Fiscalía el informe de fiscalización de las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras elaborado por el Tribunal de Cuentas al considerar que evidencia la existencia de responsables políticos, cuya gestión de las subvenciones ha supuesto un "quebranto económico".

En estos términos se ha pronunciado en rueda de prensa el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, que ha señalado que el documento aporta como novedad que "por primera vez" se apunta a una responsabilidad política.

Ripa ha señalado que entre los delitos que podrían haberse cometido se encuentran el de fraude en las subvenciones públicas, malversación o falsedad documental en los proyectos que se llevaron a cabo en Asturias.

El dirigente de Podemos ha explicado que solicitará a la Fiscalía la identificación de los responsables de la gestión de estas ayudas, si bien ha afirmado que el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) realizó una "clara dejación de funciones sobre el control y la evaluación".

Unido a ello, ha dicho que el Principado era "colaborador necesario", puesto que es "difícil de entender" que no hubiera comunicación entre ambas instituciones.

Ripa, que ha dicho que el informe del Tribunal de Cuentas constata que la gestión de los fondos fue un "auténtico desastre", ha explicado que se produjeron grandes "desfases e irregularidades" en tres proyectos en Asturias.

Por un lado, ha relatado que en el caso de la construcción del de la residencia "La Minería" se constata que "no había necesidad de ese proyecto" y "se cambió la ley" para otorgar la subvención.

También ha apuntado a "grandes irregularidades" en la gestión de una subvención de 532.000 euros por parte de la Fundación Tecnológica y Formativa en Alimentación (Futeca) y de 3,6 millones de la Fundación Docente de Mineros Asturianos (Fundoma).

"Hasta ahora en el "Caso Hulla" se investigaba el desvío de fondo. Por primera vez se explicita que había responsables políticos que no hacían su labor", ha apostillado.

En su informe, el Tribunal de Cuentas advertía de la existencia de "irregularidades" e "incumplimientos significativos" en la tramitación, ejecución y justificación en la subvención concedida al Montepío para la construcción de la residencia "La Minería" entre los años 2010 y 2017.

Además, apuntaba que ni los programas presupuestarios, ni los planes del carbón, ni las disposiciones normativas por las que se han regido las ayudas para reactivación de las comarcas, dispusieron de objetivos e indicadores "adecuados y concretos que permitieran efectuar un seguimiento y valorar la consecución de las metas de los mismos y su impacto".