El parlamento asturiano aprueba la Ley de Transparencia

Foto: Armando Álvarez (Gobierno del Principado) EFE

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El pleno de la Junta General del Principado ha aprobado, con el apoyo de todos los grupos de la Cámara, salvo Podemos, que se abstuvo, la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, una normativa que facilitará la creación de una Oficina de lucha contra la corrupción.

El secretario general de la formación morada, Daniel Ripa, justificó la abstención de su grupo en que esa oficina de lucha contra la corrupción "tiene una independencia limitada" del Gobierno, en que no se sabe aún si permitirá finalmente las denuncias anónimas y porque no es suficientemente innovadora. En su opinión, se podría haber ido más allá en una ley que es "una oportunidad perdida" porque que deja demasiada discrecionalidad a la hora de avanzar en la lucha contra la corrupción.

"Tal vez puede ayudar a luchar contra la corrupción, pero también lo contrario por la discrecionalidad de esta ley, que permite hacer una cosa y la contraria", ha afirmado Ripa antes de acusar al Gobierno de haber querido prolongar durante años la tramitación de esta ley con fines puramente propagandísticas.

Sin embargo, el portavoz de IU y presidente de la comisión encargada de tramitar esta ley, Gaspar Llamazares, ha asegurado que se trata de una norma "ambiciosa, exigente y que responde a un amplio acuerdo". No obstante, ha advertido de que lo difícil empieza ahora, porque lo más complicado es su desarrollo y aplicación, como ya se ha visto con la ley nacional. En cualquier caso, ha asegurado que se trata de una ley necesaria ante un país que se encuentra "en caída libre" en la corrupción y en el que es imprescindible recuperar la confianza de los ciudadanos.

"Dejen a un lado el pesimismo, la desconfianza y la depresión en la que están instalados", ha pedido a las filas de Podemos el socialista Marcos Gutiérrez, que ha recomendado a los diputados de la formación morada que "disfruten del cachopo si no han podido tomar caviar". En respuesta a Podemos, ha negado también que esta ley busque la propaganda porque lo que busca en realidad es una mayor efectividad.

En su opinión, la aprobación de esta ley es un momento histórico porque a partir de ahora los asturianos dispondrán de una norma que da más facilidad en el acceso a la información pública y da a los ciudadanos más participación en las cuestiones que les afecten.

Para el popular Rafael Alonso también supone un avance importante para Asturias y para que los asturianos puedan acceder a la información. Tras mostrar su sorpresa de que no se haya aprobado finalmente por unanimidad, ha dicho que esta ley ha precisado de un amplio consenso que obligó al PP a hacer esfuerzos importantes con el fin de recuperar la confianza de los ciudadanos.

Desde Foro, Carmen Fernández ha asegurado que esta es la ley más significativa de esta legislatura que llega por la demanda imperiosa de la sociedad ante los desmanes. La diputada de Ciudadanos, Diana Sánchez también ha mostrado su satisfacción por la aprobación de una ley de las más completas y que sea un ley de consenso.

Cuatro años para aprobar la Ley

La ponencia de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno dio por finalizados sus trabajos con el consenso de todos los grupos parlamentarios el pasado 29 de junio, cuatro años después de que iniciase su tramitación parlamentaria.

La ley incorpora la Oficina de Buen Gobierno y lucha contra la corrupción solicitada por Podemos, que se constituirá finalmente como un ente autónomo vinculado a la Consejería de Hacienda y no al Parlamento autonómico y que sólo estará vinculada al Principado en el aspecto presupuestario y de personal.

Dicha oficina estará integrada en el Consejo de Transparencia cuyo presidente será nombrado por mayoría de dos tercios de la Junta General para un periodo único de cinco años, que no coincidirá con la legislatura parlamentaria, entre personas de reconocido prestigio atendiendo a criterios de competencia profesional y excelencia.

La ley regula además la denuncia anónima que contará con una regulación adaptada al marco de la futura legislación estatal sobre esta materia que se debate en el Congreso y promoverá la protección del denunciante protegiendo sus datos para evitar que pueda sufrir represalias.

El régimen de sanciones, tanto en el ámbito del buen gobierno como en el de la transparencia, incorpora contenidos adicionales a los de la normativa estatal y multas de hasta diez mil euros así como la destitución de aquellos altos cargos sancionados por una falta muy grave a los que se inhabilitará para ostentar esas responsabilidades por un periodo de entre cinco y diez años.

En cuanto a la relación entre la administración con los grupos de presión, la futura ley les obligará a inscribirse en un registro y exigirá además que los cargos públicos declaren los encuentros que mantengan con éstos y el resultado de sus reuniones fijando además un régimen de sanciones para quien lo incumpla.

Asimismo, prevé la implantación de un sistema de 'cuentas abiertas' en el Principado, que permitirá un control mensual sobre las cuentas bancarias de la administración autonómica.

La ley será de obligado cumplimiento no sólo para el Gobierno autonómico sino también para las entidades locales, los organismos y entes públicos dependientes de ambas administraciones, la Universidad de Oviedo, las corporaciones de derecho público (cámaras de comercio o colegios profesionales, por ejemplo), y las sociedades con mayoría de capital del Principado o ayuntamientos.

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