Un total de 22.456 asturianos son actualmente perceptores de rentas mínimas, 9.720 de ellos beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que paga el Gobierno central, aunque 6.426 de ellos siguen siendo perceptores también del salario social básico (SSB) que sale de las arcas del Principado y del que se benefician otros 12.736 hogares de la región.

No obstante, están siendo objeto de revisión esos 6.426 hogares que aún reciben a la vez la renta autonómica y la estatal que se puso en marcha en julio del pasado año, según los datos aportados hoy por la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, en la Junta General del Principado.

Actualmente, tienen la obligación de solicitar el IMV todas las personas que perciben la renta autonómica, cuya tramitación se ha agilizado en los últimos meses.

Hasta el momento, se han se han tramitado ya 24.603 expedientes de solicitud del IMV y se han concedido la ayuda en 9.751 casos mientras que3.457 la han visto denegada, según la consejera.

Álvarez ha señalado que acaban de recibir el borrador que regulará la comisión de seguimiento del IMV, pero que más importante que su composición, que será similar a la de cualquier conferencia sectorial, es que se convoque cuanto antes "para profundizar en los mecanismos de cooperación y coordinación interadministrativa, fundamental para la buena marcha de la convivencia" entre la prestación autonómica y estatal.

Sobre este punto, ha señalado que tras 15 años de gestión de salario básico en Asturias, el Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hizo caso de su experiencia en algunas cuestiones a la hora de poner en marcha el IMV, pero que en otras debería haberles escuchado más.

INSERCIÓN LABORAL DE LOS PERCEPTORES DEL SALARIO SOCIAL

Álvarez ha anunciado también que en los próximos días se suscribirá un tercer convenio para mejorar la inclusión laboral y emplear a perceptores del salario social en empresas del sector de los cuidados domiciliarios a personas mayores, con el fin de que quienes perciben la renta básica autonómica puedan trabajar en este sector.

Este convenio, que se enmarca en el programa transversal ImpulSAD, diseñado para mejorar la calidad asistencial del servicio de atención domiciliaria, se sumará a los firmados con la Fundación Laboral de la Construcción el pasado día 3 y con el Grupo Tragsa en septiembre y que, según la consejera, están teniendo "resultados satisfactorios".

Estos convenios pretenden promover la incorporación social y laboral de los perceptores del salario social básico para lograr la consecución de los fines establecidos en la ley que regula esta renta mínima e impulsar la incorporación de estas personas al mercado de trabajo para que puedan desarrollar su proyecto vital con autonomía.