Las cafeterías de los institutos públicos asturianos van a iniciar acciones judiciales contra el Gobierno regional por actuar de forma unilateral rescindiendo los contratos en vigor y sin respetar su cláusula 6.3, que se establece para circunstancias excepcionales como la actual que estamos viviendo, según ha denunciado este viernes el portavoz de este sector, Ignacio Rodríguez. Según la Asociación de Cafeterías de los institutos de Asturias, el Gobierno asturiano tiene la obligación de prorrogar el contrato durante dos años más.

El pasado miércoles, el grupo de Podemos en la Junta General, con el apoyo del resto de partidos a excepción del PSOE e IU, presentó una Propuesta No de Ley (PNL) para que el Ejecutivo asturiano solucionara la situación de estas cafeterías, afectadas, como toda la hostelería, por el cierre generalizado del sector ya desde el pasado mes de marzo, es decir, 270 días. Dice Ignacio Rodríguez que el gobierno asturiano les prometió la pronta resolución del problema y acabaron sabiendo que la única intención era torear a 126 familias que comen de estos negocios, son centenares de personas a las que no se ha respetado.

La actuación de su portavoz en el Parlamento, Mónica Ronderos, ocultándose tras su melena y sin mirar al frente, fue patética e inmoral, ha asegurado el presidente de la asociación frente al edificio de la Junta General, en Oviedo.

Rodríguez ha afirmado que a la asociación no le ha quedado más remedio que ponerse en manos de abogados para tratar de dirimir esta polémica en los tribunales. También ha insinuado que el Principado está tratando de sustituir las cafeterías de los institutos «por máquinas expendedoras».