Javier Fernández tira la toalla con el rescate del peaje del Huerna

El presidente del Principado descarta que ningún gobienro acometa a corto plazo esa operación por el alto coste de la indemnización a la concesionaria

Raúl Álvarez

Tiempo de lectura: 3' Actualizado 15:17

Javier Fernández tira la toalla acerca del rescate del peaje de la Autopista del Huerna. El presidente del Principado ha señalado este lunes que no quiere generar falsas expectativas entre los asturianos y ha descartado que el Ministerio de Fomento (ya sea en un gobierno socialista o en uno de cualquier otro color político) vaya a abordar esa decisión a corto plazo por gran coste económico que conlleva. Fernández ha recordado que el Ejecutivo popular que privatizo la vía a finales de los años 90 prolongó la concesión hasta 2050. Dado el tiempo que falta hasta su expiración, el presidente señala que la compensación a la empresa que pagó para quedarse con ella resultaría demasiado elevada en este momento. Es un debate, remató, para dentro de diez o quince años.

Fernández, que ha protagonizado un desayuno informativo organizado en Oviedo por el Foro de la Nueva Economía, ha sido más optimista sobre el estado general de las infraestructuras en Asturias. “A pesar de los retrasos” en las inauguraciones, que ha reconocido, los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP se han mostrado constantes en su compromiso presupuestario con las obras para la comunidad autónoma. A modo de ejemplo, cita la inversión de 3.500 millones de euros en una región con un millón de habitantes para construir la variante ferroviaria de Pajares en un esfuerzo análogo al de la ampliación del canal de Panamá, por compararla con una referencia mundial. “Son unas infraestructuras con las que hace 20 años no podíamos soñar”, ha señalado como argumento para poner fin a la retórica del aislamiento de Asturias. La alta velocidad, ha asegurado, estará en funcionamiento dentro de dos años, como ha prometido el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Entre los retos para su sucesor tras las elecciones autonómicas de mayo, a las que no se presentará, cita tres primordiales: la lucha contra el hundimiento demográfico tras casi 35 años de pérdidas continuadas de población en Asturias, la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta las necesidades de las comunidades más pequeñas y la implantación de un arancel ambiental europeo que proteja a la industria del continente de las importaciones baratas de productos fabricados fuera del bloque, en países con regulaciones ambientales laxas que no cumplen los compromisos en la lucha contra las emisiones contaminantes y el cambio climático. “Es la fórmula para que dejemos de importar CO2 y de exportar empleos”, ha resumido.

El encarecimiento de la factura eléctrica (una consecuencia de la descarbonización de la economía y del cierre de las minas y las térmicas), ha recordado, es uno de los argumentos de Alcoa para ejecutar los 700 despidos en Avilés y La Coruña con los que amenaza este misma semana. Fernández, sin embargo, confía en evitar el cierre de esas plantas. “Hay alternativas en España y en Europa” para hacerse cargo de la gestión, si la multinacional estadounidense la abandona, pero ha preferido no entrar en detalles de esa operación por prudencia.

En política nacional, Fernández ve a España muy fracturada tanto en el eje político como en el territorial. La crisis catalana y la irrupción de Vox, hermanadas, alimentan el hastío de los votantes, ha advertido, aunque duda de que el partido de Santiago Abascal pueda repetir en otras comunidades autónomas el éxito electoral que le llevó a ser decisivo en el pacto para formar gobierno en Andalucía. “No sé hasta qué punto puede repetirse ese fenómeno en Asturias o en otros lugares de España. Nunca pactaría con Vox. Es una formación xenófoba, ultranacionalista y oportunista”, ha añadido.

Fernández puso el acento en el hartazgo de los andaluces, como del resto de los votantes españoles, con el conflicto catalán. Al presidente de la Generalitat, Quim Torra, lo definió con los mismos calificativos que a Vox: “xenófobo y ultranacionalista”. “El desistimiento de la sociedad española, que entendía que se trataba de un asunto interno catalán que se resolvería exclusivamente en Cataluña, ha terminado”, advirtió.

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