El sindicato OTECAS ha reivindicado, este miércoles, la "gran discriminación que sufren tanto los profesores como los alumnos" de la Enseñanza Concertada en Asturias: discriminación salarial y horaria respecto a los docentes de la red pública del Principado. 

OTECAS denuncia que "la gran diferencia salarial que nos separa de nuestros homólogos de la Enseñanza Pública; lejos de ir aminorándose, va acrecentándose cada año que pasa", explica su portavoz, José Manuel Cueto. El sindicato ha elaborado un informe que compara los salarios de los profesores en ambas redes. La diferencia llega a ser abismal: "Un profesor que imparte clase en 1º y 2º de la ESO, empieza su carrera con una diferencia salarial de unos 2.200 euros. A medida que suma antigüedad, esta diferencia puede llegar a ser de 9.800 euros", según el estudio.

Por ello, OTECAS quiere impulsar la negociación de un nuevo acuerdo de equiparación retributiva que recoja la totalidad de los conceptos económicos. Reclaman que "a igual trabajo, igual salario" y le piden al consejero de Educación una negociación "firme, sincera, sera y de buena fe".

Otra de las reivindicaciones del sindicato es la jornada lectiva: "Supone una gran discriminación hacia profesores y hacia alumnos. Mientras los docentes de la Pública van a recuperar la jornada de 18 horas lectivas en ESO y la reducción de la burocracia, en la Enseñanza concertada, seguimos con 25 horas lectivas", denuncian.

Una diferencia de 7 horas que "puede significar que el docente imparta dos, tres o incluso cuatro asignaturas más, con el consiguiente trabajo que supone, como preparar las clases, tutorías, corregir exámenes o atención a padres", según OTECAS, que calcula que, en la práctica, suponen 21 horas más de trabajo a la semana.

El sindicato considera imprescindible la reducción de horas lectivas, tanto para descargar de trabajo a los docentes como para contribuir, de manera directa, al mantenimiento del empleo con la contratación de 135 profesores. Son los cálculos de OTECAS, que estima que la medida le costaría, al Principado, unos 5,3 millones de euros.