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La Fiscalía, partidaria de evitar la prisión al exlíder minero Villa por su estado mental

El qyue fuera secretario general del SOMA, de 77 años, sufre un "deteriorado estado cognitivo", según ha trasladado el Ministerio Público a la Audiencia Provincial de Oviedo

José Ángel Fernández Villa a las puertas de la Audiencia Provincial

EFE

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 14:05

La Fiscalía del Principado de Asturias es partidaria de que se suspenda la pena privativa de libertad impuesta al exsecretario general del sindicato minero SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, de 77 años, debido a su "deteriorado estado cognitivo", y así lo ha trasladado a la Audiencia Provincial en un informe enviado este lunes a la Sección Tercera.

El Fiscal considera que el mayor deterioro cognitivo de Villa desde la celebración del juicio oral supone una afectación tan severa que se encuentra en situación de "falta de percepción de estímulos externos, o al menos de una forma tan relevante que le impide comprender el sentido de la pena de prisión que eventualmente se le ordenase cumplir por el delito continuado de apropiación indebida por el que fue condenado".

El Ministerio Fiscal considera en su informe que este es el único motivo a considerar para solicitar la suspensión de la ejecución de la pena de todos los que se han planteado en el procedimiento, entre ellos, la actual situación sanitaria a causa de la COVID-19.

El exsindicalista minero fue condenado en 2018 a tres años de cárcel por la apropiación de 234.462 euros del sindicato, decisión que posteriormente ha sido ratificada el pasado mes de julio por el Tribunal Supremo.

Según ha expuesto la Fiscalía, Villa, desde la fase de instrucción, presenta un deterioro cognitivo que "es el que a día de hoy produce una afectación de las actividades básicas de la vida diaria, y sobre el que es decisiva su evolución desde la celebración del juicio oral".

Así, ha considerado que se trata de una enfermedad "muy grave", dado que afecta a elementos esenciales del desarrollo personal, como las actividades básicas, y ante el grado de afectación que presenta.

El Ministerio Público ha explicado que en el juicio oral ya se evaluó completamente su deterioro cognitivo y su irreversibilidad, y tal y como se hace constar en el informe forense, "muestra un mayor deterioro generalizado a pesar del seguimiento médico y tratamientos pautados".

Además, ha subrayado que el exsindicalista cuenta "poca conectividad con el medio, lo que impide la realización de pruebas concretas de deterioro cognitivo, y, si bien en la exploración no presenta lenguaje espontáneo, "hay una gran lentitud y no es capaz de ejecutar órdenes seriadas básicas".

La Fiscalía ha argumentado que, pese a la inexistencia de estas pruebas, la exploración médico forense y la valoración del grado de dependencia hace concluir que "su estado le dificulta notoriamente la posibilidad de comprender el sentido de la pena".

El Ministerio Público ha considerado, por tanto, que se trata de una persona que tiene dificultad para comprender la realidad externa, por lo que ha de presumirse que esta dificultad será mayor aún para comprender el sentido de una privación de libertad.

La Fiscalía ha precisado que el deterioro cognitivo es la única patología "relevante" para decidir sobre su ingreso en prisión, dado que el resto no impiden el cumplimiento de la pena.

Además, ha añadido que ciertas actividades de la vida diaria "pueden ser complementadas perfectamente en centro penitenciario".

Fernández Villa, que dirigió el SOMA-UGT durante 35 años, también fue condenado al pago de 421.158 euros en indemnizaciones al sindicato y de 24.000 euros de multa así como a su inhabilitación durante el tiempo de la condena.

La sentencia declaró probado que Fernández Villa, entre 1989 y 2001, se quedó con 234.462 euros procedentes de las dietas que la empresa Hunosa pagaba mediante cheques a los miembros del sindicato por la asistencia al comité intercentros.

A partir de febrero de 2001, la empresa pasó a abonar estas cantidades mediante transferencia bancaria, de modo que Fernández Villa abrió una cuenta a nombre del SOMA, desde la que transfería el dinero recibido a otra, también del sindicato minero.

Hasta 2012 se le abonaron diversos gastos, aparte del kilometraje y de las dietas que le correspondían como secretario general del sindicato como adquisición, mantenimiento y reparación de dos coches Mitsubishi a su nombre; consumo de su teléfono móvil, comidas, puros, sombreros, productos dietéticos y farmacéuticos o maletas por importe de 173.932 euros.

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