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La Fiscalía archiva la investigación sobre irregularidades en la vacunación en Asturias

CSI había denunciado la estrategia de vacunación del Principado, pero el fiscal considera que "no pueden incluirse en ningún tipo delictivo ni tiene trascendencia penal"

Se han administrado ya 309.780 dosis de la vacuna de Pfizer en el Principado de Asturias

Se han administrado ya 309.780 dosis de la vacuna de Pfizer en el Principado de AsturiasEuropa Press

EFE

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 13:04

La Fiscalía ha archivado las diligencias de investigación incoadas tras la denuncia de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) sobre presuntas irregularidades en la estrategia de vacunación contra la covid al considerar que los hechos "no pueden incluirse en ningún tipo delictivo y no tienen trascendencia penal, a pesar de que algunos de los supuestos denunciados pueden ser reprochables desde otras ópticas".

La Fiscalía, que incoó las diligencias el pasado mes de febrero, considera que algunas de las vacunaciones realizadas podrían ser "ciertamente discutibles, pero, en ningún caso, ninguno de los supuestos puede ser atribuible a ninguna autoridad o funcionario público, ni considerarse un delito de prevaricación", tal y como denunció CSI.

La denuncia de CSI aseguraba que en Asturias no se estaban cumpliendo los criterios de vacunación recogidos en el documento técnico del Ministerio de Sanidad, que establecía un orden de acuerdo a grupos poblacionales como "usuarios de residencias y sus trabajadores" (grupo 1), el "personal sanitario de primera línea" (grupo 2) o el "otro personal sanitario o sociosanitario (grupo 3).

CSI denunciaba los casos del presidente del Montepío de la Minería; los miembros del patronato de la fundación Beceña González, que regenta el hogar-residencia Beceña González, en Cangas de Onís; una concejala del Ayuntamiento de Castrillón, auxiliar de enfermería liberada para desarrollar funciones sindicales; cargos directivos del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), y liberados sindicales a tiempo completo del SESPA.

En sus diligencias de investigación, el Ministerio Fiscal constató que, según las instrucciones del SESPA para la elaboración de los listados de las personas a vacunar en las residencias de la tercera edad, las áreas sanitarias solicitaron a esos centros un listado de residentes y otro de trabajadores, incluyendo a todas las personas que desempeñaran una labor en los mismos, fueran sanitarios o no.

De esta manera, fueron los responsables de esos centros los que identificaron a las personas que iban a ser vacunadas, de acuerdo con esos criterios, sin que se pueda atribuir responsabilidades a funcionarios o cargos públicos.

PERSONAL DIRECTIVO DEL SESPA

La Fiscalía ha constatado que la vacunación de personal directivo del SESPA se efectuó de acuerdo con su clasificación en los grupos correspondientes fijados en la estrategia de vacunación frente a covid-19.

De esta forma, existía "una justificación razonada y fundada en esos parámetros objetivos, con la que se puede estar o no de acuerdo, pero en ningún caso puede entenderse que se trate de una resolución que no sea el resultado de la aplicación del ordenamiento jurídico".

LIBERADOS SINDICALES

El Ministerio Publico expone que la decisión de vacunar a los trabajadores que ostentaban la condición de liberado sindical se fundamentó en la no discriminación por el ejercicio de funciones sindicales, así como en la posible futura necesidad de contar con su colaboración si la incidencia de la covid-19 continuaba ascendiendo, según la justificación del SESPA.

Para la Fiscalía, la discriminación se torna "un argumento muy débil cuando lo que debería priorizar son los motivos médico-sanitarios ante la situación de escasez de vacunas de los primeros momentos".

Además, apunta que por esta vía se vacunaron en Asturias 78 personas, de las cuales siete eran médicos y 35 enfermeros, y de todos ellos solo regresaron a sus puestos de trabajo un médico de urgencias, que lo hizo en el mes de abril de 2020, y hasta un máximo de once enfermeros, ninguno de ellos antes de noviembre de 2020.

CONCEJALA DE CASTRILLÓN

Respecto a la vacunación de la concejala de Derechos y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Castrillón, Carmen Pedralba, la Fiscalía precisa que no tenía ninguna liberación en el Consistorio ni, por tanto, percibía retribución de éste.

Al ocupar el puesto de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en una Unidad de Cuidados Intensivos, aunque con liberación sindical, fue vacunada dentro del grupo profesional al que pertenecía (2).

PRESIDENTE DEL MONTEPÍO Y MIEMBROS DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN BECEÑA GONZÁLEZ

Las vacunaciones del presidente del Montepío de la Minería, Juan José González Pulgar, y de los miembros del patronato de la Fundación Beceña González se llevaron a cabo dentro del grupo 1 de vacunación, como parte del personal no sanitario de la residencia de mayores La Minería de Felechosa, en el primer caso, y del hogar-residencia Beceña González de Cangas de Onís, en el segundo.

La Fiscalía ha constatado que su introducción en ese grupo de vacunación prioritaria vino motivada porque estaban incluidos en las listas de personal de esas dos residencias de mayores que fueron remitidas por los responsables de ambas entidades.

De esta forma, "nadie del SESPA tomó la decisión de incluirlos, sino que se dieron por buenos los datos facilitados por los directores de las residencias".

La Fiscalía ve normal que así fuera "dado que resultaba imposible comprobar la corrección de todos los nombres incluidos en las listas remitidas por todas las residencias de Asturias, teniendo en cuenta el volumen de datos y el escaso tiempo" entre la recepción de la información, el 22 de diciembre de 2020, y "la urgencia en comenzar la vacunación" pocos días después.

El Ministerio Público afirma que la inclusión de esas personas en las listas del personal que trabajaba en esos centros "puede ser ciertamente muy discutible", pero incide en que "no cabe atribuirla a ninguna autoridad o funcionario público".

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