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Decretan la intervención judicial de Alu Ibérica

La iniciativa pretende defender los intereses del Estado respecto a las ayudas públicas concedidas

Instalaciones de Alu Ibérica en Avilés

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 15:53

El Juzgado Central de Instrucción número 3 de Madrid ha decretado la intervención judicial de Alu Ibérica, la sociedad propietaria de las plantas de aluminio de A Coruña y Avilés.

En la resolución judicial, a la que ha tenido acceso Efe, el juzgado indica que la medida solicitada por el Ministerio Fiscal el 12 de marzo, respecto a la adopción de medidas cautelares solicitadas por los querellantes, “se advierte como la más adecuada y proporcionada en este momento procesal”.

Además, el juzgado ha designado como administradores judiciales a funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Intervención General de la Seguridad Social.

A este respecto, se solicita de la IGAE la colaboración precisa para proceder a la intervención, tanto en lo que se refiere al número de interventores como a la determinación individual de los funcionarios de esa Institución sobre los que deba recaer el nombramiento.

“Se evidencia la indudable necesidad de adoptar las cautelas precisas para evitar que durante la sustanciación del presente procedimiento, las entidades querelladas puedan realizar operaciones que incidan en la hasta el momento indiciaria actuación de descapitalización y despatrimonialización de las empresas y los centros de producción de A Coruña y Avilés”, apunta.

La Abogacía del Estado anunció hace unos días su personación en la causa penal abierta en el Juzgado central de instrucción 3 de Madrid en relación con una querella contra las empresas Alcoa, Parter y Riesgo vinculadas a las fábricas de aluminio en A Coruña y Avilés.

La querella fue interpuesta por la Confederación de Cuadros Profesionales (CCP) contra las citadas empresas por blanqueo de capitales, insolvencia punible y otros delitos.

La iniciativa de la Abogacía del Estado pretende defender los intereses del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo respecto a las ayudas públicas concedidas por compensación indirecta de costes de emisiones contaminantes.

El Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional mantiene una investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, en torno a la presunta despatrimonialización fraudulenta de las factorías alumineras.

En 2019, Alcoa vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital las plantas que tenía en Avilés y A Coruña, después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas.

La compañía justificó entonces su decisión en los altos costes de la electricidad en España, la necesidad de hacer grandes inversiones y la difícil coyuntura en los mercados de aluminio.

Sin embargo, Parter Capital no tardó en desprenderse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Industrial Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica, sin informar previamente al Ministerio de Industria ni a los gobiernos autonómicos y la representación de la plantilla, que acusan al nuevo propietario de carecer de un proyecto industrial solvente.

Según la CCP, que cifra en 688 el número de trabajadores empleados en los centros de A Coruña y Avilés, Alcoa habría engañado a los sindicatos en el marco de la negociación del despido colectivo, iniciado a finales de 2018.

El escrito de la querella relataba el proceso de venta y concluía que "los querellados han llevado a que la titularidad de las dos factorías termine en manos de empresas pantalla sin capacidad ni para llevar a cabo el plan de negocios, ni el del pago de los salarios, ni el de la inversión, con lo que se frustra el objetivo final de la negociación, la salvaguardia de los puestos de trabajo". EFE

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