La advertencia del Gobierno socialista de Asturias ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera: "No aceptamos platos precocinados"

Ha llegado el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El organismo que debe debatir el nuevo modelo de financiación autonómica; pero que será, en realidad, un intento de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de convencer a las comunidades autónomas de que el pacto que han alcanzado Pedro Sánchez y Esquerra Republicana, beneficia a todos, y no solo a Cataluña, como dicen los datos: cada asturiano recibirá 243 euros; menos de la mitad que un catalán (572 euros). 

En este contexto, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha estado de viaje por el Vaticano y no ha expresado públicamente su opinión. Sí lo han hecho miembros de su Gobierno, que rechaza que la reforma del sistema de financiación autonómica se plantee “como un contrato de adhesión”. 

La vicepresidenta, Gimena Llamedo, será la representante asturiana en el Consejo; dado que el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, no puede asistir por motivos personales. Llamedo no parece dispuesta a aceptar las bondades que venderá Montero.

“No nos han gustado las formas; y no nos gusta que nos pidan que nos adhiramos a un pacto que ya existe y que aceptemos un plato precocinado”, ha defendido la número 2 del Principado, que reclama “que se abra una negociación igual entre todas las comunidades”.

El principio de ordinalidad, "una línea roja"

Sin ser tan vehemente como el Gobierno de Castilla-La Mancha, del también socialista Emiliano García-Page, que ha llegado a pedir la convocatoria de elecciones, el Principado fija la aplicación del principio de ordinalidad como “una línea roja”. 

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El principio de ordinalidad supone que cada comunidad reciba fondos en función de su aportación al sistema. Así, si una autonomía es la que más recursos inyecta, ha de ser también la que más obtenga. Como consecuencia, el orden es el mismo, tanto en las aportaciones como en la recepción de fondos. En la práctica, este principio supone un límite a la redistribución y, por consiguiente, a la nivelación y la solidaridad.

Para el Gobierno de Asturias, este planteamiento “no es aceptable”. Y recuerda el Ejecutivo que está expresamente rechazado en el acuerdo de los grupos parlamentarios de la Junta General como en la Declaración de Santiago suscrita por ocho comunidades autónomas, los dos documentos de referencia del Principado en este asunto.

No han gustado las formas del pacto entre La Moncloa y Esquerra Republicana. Y en cuanto al fondo, el Principado defiende un modelo que garantice la financiación de los servicios públicos, “poniendo el foco en las personas, no en los territorios”, y atendiendo al coste efectivo de esos servicios, especialmente en comunidades con particularidades como Asturias, marcada por la demografía y el envejecimiento.