El Tribunal Supremo ratifica la sentencia que obliga a la DGA a pagar al Ayuntamiento de Zaragoza 25 millones de euros por la línea 1 del tranvía. Así pues, la sentencia dictada en noviembre de 2020 ya es firme y ambas administraciones deberán negociar cómo abordar esta deuda.

Es lo que le ha pedido por carta la consejera de Hacienda del Ayuntamiento, María Navarro, a su homólogo en la DGA, Carlos Pérez Anadón. Navarro confía en llegar a un acuerdo pronto dado que los retrasos en aplicar la sentencia generan, además, intereses: 1,4 millones hasta ahora, con lo que la deuda del tranvía supera los 25 millones de euros. Navarro apela a la “urgencia del problema y de la deuda, y a nosotros nos hace mucha falta. Es de justicia para los zaragozanos porque es su dinero”.

Si en el plazo de tres meses no hay acuerdo con la DGA, se llevaría a cabo una ejecución forzosa por parte de los tribunales, algo que el Ayuntamiento quiere evitar. “El Gobierno de Aragón no debería tener ningún problema en sentarse con nosotros para decirnos cómo nos va a pagar”, ha apuntado Navarro. “Tenemos que evitar una ejecución forzosa entre las dos administraciones”, ha añadido.

LA DGA RESPONDE...

Mientras, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, le ha enviado una carta al alcalde Jorge Azcón en la que se compromete a hacer frente a sus responsabilidades respecto al tranvía.

Si no lo han hecho antes, dice la misiva, es por las tensiones del fondo de contingencia tras los graves acontecimientos en Aragón derivados de inundaciones, heladas e incendios en el medio rural. En esta carta, el presidente también muestra su voluntad en llegar a otros acuerdos respecto a la titularidad de la Casa de la Mujer y los Juzgados de la plaza del Pilar.

Y enumera varios incumplimientos municipales en materia urbanística que habían sido pactados entre ambas administraciones: la modificación del plan general de Torre Ramona para la construcción de viviendas; la aprobación definitiva del plan especial de la calle Embarcadero; y la cesión de las zonas comunes de los Bloques Sindicales, aprobada por el Consejo de Gobierno del Gobierno de Aragón que el Ayuntamiento no acepta.

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