Sindicatos y entidades sociales recurren el “urbanismo a la carta” de Torrevillage

Llevan a la vía contencioso-administrativa la modificación del PGOU aprobada el pasado diciembre

Torrevillage recurso

Sindicatos, entidades sociales y partidos políticos de izquierda se unen en este recurso contencioso administrativo / MARTA LÓPEZ

MARTA LÓPEZZARAGOZA

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 13:58

Nuevo recurso contra Torrevillage. Los sindicatos CCOO y UGT, Ecologistas en Acción y la Federación de Barrios vuelven a llevar a los tribunales el outlet que se está construyendo en la carretera de Logroño, en los antiguos suelos de Pikolín. En esta ocasión, han presentado un recurso contencioso-administrativo contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, aprobada por el Ayuntamiento de Zaragoza el pasado 23 de diciembre.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón tumbó en mayo el Plan Especial para Torrevillage porque el uso comercial dominante alteraba la calificación de los terrenos. Y aunque en el Ayuntamiento gobernaba entonces Zaragoza en Común, el Consistorio presentó un recurso al Tribunal Supremo gracias a la unión de PP, PSOE y Cs. También lo hizo Iberebro, grupo promotor del proyecto.

Mientras se resuelve este recurso, la sentencia no es firme. Y el Consistorio, en manos ahora de PP y Cs, modificó en diciembre el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana). Una decisión que sindicatos y entidades sociales vuelven a recurrir. Juan Carlos Crespo, de la Federación de Barrios, explica que “para modificar un plan general, tiene que basarse en el interés publico, no se puede hacer una legalización a la carta”. Y añade que si se hace “por un interés particular podríamos estar hablando de desviación de poder y abuso de derecho”. “Hay jurisprudencia para dar, recibir y saciarse”, concluye.

A la rueda de prensa donde se ha presentado este recurso han asistido el exalcalde de Zaragoza y portavoz de ZeC, Pedro Santisteve; y representantes de CHA e IU.

La sentencia, que declaró nulo de pleno derecho el Plan Especial, señalaba que para cambiar los usos se debería haber modificado el Plan General. Según los denunciantes, deberían haberlo hecho “antes de mover una sola piedra, y no después”. El proyecto, además, está pendiente de una valoración ambiental del INAGA, que tendrá que pronunciarse cuando el complejo está ya muy avanzado.

Las obras han seguido adelante y se han continuado dando licencias. Podría pasar que la justicia se pronunciara cuando el outlet ya estuviera acabado.

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