El presidente de Aragón, Javier Lambán, y la asociación CERMI han firmado este miércoles un protocolo para el desarrollo de la Ley de Derechos y Garantias de Personas con discapacidad. Una ley que fue aprobada en marzo de 2019, pero cuya aplicación se ha visto paralizada en los últimos meses.

La pandemia ha paralizado muchas cosas, entre ellas, el desarrollo de esta ley. La consejera de derechos sociales Maria Victoria Broto admitía que las personas con discapacidad se han visto especialmente afectadas en este 2020. "Para ellos es especialmente complicado hacer frente al confinamiento. Encuentran una barrera para afrontar la soledad", afirma Broto.

Por ello hoy con motivo del Día Mundial de la Discapacidad se ha firmado un protocolo con CERMI para convocar 8 mesas de trabajo en las que el Gobierno de Aragón tomará buena nota de los aspectos que se deben desarrollar para lograr la igualdad de derechos y oportunidades. "Serán mesas en las que hablaremos de empleo, sanidad, educación, turismo... Se acordarán medidas para avanzar en la eliminación de las diferencias entre las personas con discapacidad y aquellas con capacidades convencionales", afirma el presidente Javier Lambán.

Las mesas se reunirán trimestralmente. Desde CERMI piden, entre otras cosas, 300 millones para apoyar a personas con discapacidad y la creación de 2.000 puestos de trabajo. "La pandemia ha traído problemas para el empleo para todas las personas, pero para aquellas con discapacidad todavía más. Otro problema que hemos detectado es el incremento de casos de violencia hacia las mujeres con discapacidad", comentaba el presidente de CERMI, Luis Gonzaga.

En los últimos seis años el presupuesto de Aragón para políticas de discapacidad ha crecido un 42% y en 2021 llegará a los 81 millones de euros.

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